La Conferencia del Episcopado Mexicano urgió a que se atienda la situación de los productores de maíz “con justicia y prontitud” pues “corremos el riesgo de caer en una descomposición social irreversible que afectará tanto al campo como a la economía nacional y al bienestar de millones de mexicanos”.
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Este 28 de octubre, miles de campesinos bloquearon más de 30 puntos carreteros de diez estados del país, exigiendo al gobierno precios justos por ese grano; las manifestaciones ocasionaron afectaciones a las personas que utilizan esos caminos para trasladarse a sus trabajos o para llegar a sus actividades.
En ese contexto, los obispos mexicanos pidieron al gobierno federal que “actúe con altura de miras, diligencia y verdadera capacidad de negociación. México tiene una larga historia de luchas agrarias que no pueden ser ignoradas. Es responsabilidad del Estado crear y fortalecer mecanismos que garanticen precios justos, apoyos efectivos al campo, y compensación por las pérdidas económicas que esta crisis ha generado en tan pocos días”.
“Nuestra solidaridad y atención”
Explicaron que los productores del campo mexicano enfrentan una situación verdaderamente desesperante, ya que “los precios internacionales y la falta de mecanismos efectivos de protección han llevado a muchos de nuestros agricultores a malbaratar el fruto de su trabajo, poniendo en riesgo su sustento y el de sus familias”.

Obispo Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Foto: Diócesis de Cuernavaca
Para los obispos, la exigencia de precios justos que permitan una vida digna “no es un capricho, sino una demanda legítima que encuentra eco en la enseñanza social de la Iglesia. El campo mexicano, que alimenta a nuestra nación, merece ser atendido”.
Asimismo, lamentaron las “graves afectaciones que estos bloqueos han causado a miles de personas: trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, enfermos que no accedieron a sus consultas médicas, medicamentos que no llegaron a su destino, y lamentablemente, personas que han perdido la vida por falta de atención oportuna. Las pérdidas económicas son millonarias, y el daño al tejido social es incalculable. Cada persona afectada, cada familia que sufre, merece también nuestra solidaridad y atención”.
Buscar caminos de diálogo
En su comunicado, el Episcopado Mexicano señaló que la Doctrina Social de la Iglesia “nos recuerda que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares, y que el destino universal de los bienes exige que los recursos de la tierra sirvan para el beneficio de todos, especialmente de los más necesitados”.
Se dirigió a los productores: “Comprendemos su angustia y reconocemos la justicia de sus demandas. Sin embargo, les exhortamos a buscar caminos de diálogo que no profundicen el sufrimiento de otros hermanos mexicanos que también viven situaciones difíciles”.
A las empresas les dijeron: “Apelamos a su solidaridad y sentido de justicia para que paguen precios justos por los productos del campo, reconociendo que detrás de cada cosecha hay familias enteras que dependen de ese ingreso”; a la sociedad en general pidieron “comprensión mutua, al diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones que beneficien verdaderamente a todos”.
