La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores ha presentado hoy su segundo ‘Reporte Anual sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia’. En el informe se documentan sus recomendaciones, entre las que figuran pedir a León XIV un protocolo para despedir a obispos encubridores explicando de forma transparente los motivos, así como ir más allá de las reparaciones económicas con las víctimas, invitando a las Iglesias locales a crear centros de escucha y ofrecer disculpas públicas.
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Concretamente, la Comisión -presidida por Thibault Verny, arzobispo de Chambéry- reconoce “la importancia de un protocolo simplificado para la dimisión o destitución de los líderes o el personal de la Iglesia en casos de abuso o negligencia”. Así, enfatizan “la importancia de comunicar públicamente las razones para la dimisión o destitución”. “Este protocolo, y cualquier comunicación al respecto, mantendría la debida atención en cuanto a los principios relacionados con la privacidad y la presunción de inocencia”, matizan.
Este segundo estudio presenta los hallazgos encontrados por la Comisión en materia de reparación y su fundamento pastoral-teológico, entendido este como la responsabilidad de la Iglesia de acompañar a las víctimas en su camino de sanación y reparación. El estudio recogió las perspectivas sobre las prácticas de reparación existentes en las Iglesias locales y los desafíos encontrados para lograr una auténtica reparación.
Durante la presentación, la autora del informe, la jurista Maud de Boer-Buquicchio, ha agradecido a los medios de comunicación su “indispensable papel al dar voz a las víctimas cuando la Iglesia institucional no ha escuchado”. “Son un aliado irremplazable. Por favor, continúen con su invaluable labor como denunciantes, exponiendo los abusos y exigiendo responsabilidades”, ha completado.
Los resultados de este estudio -en el que han participado hasta 40 víctimas- identifican “prácticas específicas que la Iglesia debe adoptar aún más como medios críticos de reparación, más allá de la función limitada y a menudo insuficiente de la compensación económica en un enfoque integral”. Y es que, como ha señalado una víctima: “Me ofrecieron 20.000 dólares, pero lo único que quería era una disculpa”.
Vademécum de reparación
De esta manera, se destacan las siguientes cinco prácticas a adoptar: “Garantías de acogida en los centros de escucha para que las víctimas sean escuchadas y creídas por las autoridades eclesiásticas; la provisión de servicios profesionales de apoyo psicológico; reconocimientos y disculpas de manera pública; comunicación proactiva y transparente con las víctimas para proporcionar actualizaciones puntuales sobre sus casos; y la inclusión de las víctimas en el desarrollo de las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia”.
Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores
Entre los principales hallazgos del informe, también se reclama “un vademécum operacional sobre la reparación para víctimas de abusos en un contexto eclesial, basado en el estudio especializado de la Comisión”.
Por otro lado, se apunta la “necesidad de crear una red académica que incluya centros de investigación en universidades católicas especializadas en derechos humanos, prevención de abusos y salvaguardia de personas, para recopilar datos relevantes en los países y regiones cubiertos por el Reporte”. La Comisión señala que dicha red académica contribuiría a la diversificación de las fuentes de información para la metodología del Reporte.
Asimismo, el informe reconoce la “importancia de desarrollar un mecanismo sistemático y obligatorio de denuncia basado en el ministerio de salvaguardia de las Iglesias locales. La Comisión observa la capacidad de la Iglesia de promover una mayor transparencia y responsabilidad, aprovechando su sólida tradición de presentación de denuncias periódicas para incluir políticas de salvaguardia y su implementación”.
Análisis de la realidad
En este informe 2024 se ha analizado el Dicasterio para la Evangelización – Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares -encargado de 1.200 circunscripciones eclesiásticas-, a dos congregaciones religiosas (Montfortianos y Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África) y un total de 18 conferencias episcopales:
- Italia (incluida una distribución por regiones)
- Gabón
- Japón
- Guinea Ecuatorial
- Etiopía
- Guinea (Conakri)
- Bosnia-Herzegov ina
- Portugal
- Eslovaquia
- Malta
- Corea
- Mozambique
- Lesoto
- Namibia
- Conferencia Episcopal Regional del Norte de África (Argelia, Marruecos, Sahara Occidental, Libia, Túnez)
- Mali
- Kenia
- Grecia
Entre las principales conclusiones, la Comisión detecta que, “si bien, partes de la Iglesia en las Américas, Europa y Oceanía demuestran importantes compromisos con la reparación, la dependencia excesiva en la compensación económica dificulta una comprensión integral en cuanto a la reparación y a la sanación prevista para las víctimas. Una parte importante de América Central y del Sur, África y Asia aún carecen de recursos adecuados y dedicados al acompañamiento de las víctimas”.
Del mismo modo, también señala las buenas prácticas. “Han surgido prácticas inspiradoras de reparación en varias Iglesias locales regionales, incluida una práctica comunitaria tradicional de sanación en Tonga, conocida como ‘Hu Louifi’; informes anuales detallados sobre los servicios de acompañamiento para las víctimas en los Estados Unidos; los procesos iniciales de revisión de las directrices de salvaguardia en Kenia, Malawi y Ghana; y un notable informe sobre la verdad, ‘Il coraggio di guardare’ (‘El coraje de mirar’) de la diócesis italiana de Bolzano-Bresanona”.
Las asociaciones laicales
En este Reporte Anual, la Comisión comienza un estudio sobre las asociaciones laicales. La Comisión, según explica, desarrolló una metodología experimental para ayudar al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en su acompañamiento de las dimensiones de tutela de estas asociaciones.
El estudio recoge una primera implementación en los Focolares. “La Comisión da la bienvenida a las importantes reformas en materia de salvaguardia de personas, promulgadas recientemente por los Focolares. Al mismo tiempo que señala las recomendaciones específicas, la Comisión destaca también algunas buenas prácticas, como la creación de una Comisión Central Independiente para el tratamiento de los casos de abuso; una política de comunicación sobre el abuso sexual de niños y adultos vulnerables; y directrices sobre el apoyo y la reparación económica”, subrayan.
Buenas prácticas ‘made in Spain’
El informe, en el apartado de buenas prácticas en Europa, pone en valor el “marco de colaboración” entre la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para “apoyar a las víctimas e implementar políticas sistemáticas de salvaguardia, incluida una red de oficinas de protección y enfoques integrales para abordar y reparar los abusos del pasado”.
Así, recoge que, en noviembre de 2023, se anunciaron indemnizaciones a las víctimas, incluso en los casos en los que el perpetrador haya fallecido o haya prescrito.
Por otro lado, el estudio reconoce la labor de Repara, el proyecto para acompañar a víctimas del Arzobispado de Madrid que ya se ha replicado en Teruel y León.
“Durante cinco años, el proyecto Repara ha asistido a más de 400 personas que han sufrido abusos sexuales, tanto dentro de la Iglesia Católica como en entornos familiares, así como abusos de poder, conciencia y espiritualidad en contextos eclesiásticos”, subrayan.
