El debate político y social sobre los menores migrantes no acompañados se ha convertido en un campo minado. La palabra “MENA” ha saltado a la arena pública convertida en un parapeto al que atacar, pero tras el que no hay nada más que niños solos. Así, mientras unos los señalan como un problema, la Iglesia y distintas organizaciones recuerdan que son, ante todo, niños y adolescentes que buscan protección.
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No son cifras ni armas arrojadizas: son personas vulnerables que ponen a los Estados europeos –y a España en particular– ante el reto de diseñar políticas de acogida que garanticen sus derechos y les permitan crecer en entornos seguros.
“El sistema en general, en España, está muy tensionado, pero también en Europa. Lo que ocurre en el sur, en el régimen mediterráneo, es absolutamente distinto a lo que pasa en el centro-norte, donde las políticas de integración son diferentes”, señala Juan Eduardo Ortiz, investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas.
“El año pasado, en comparación con el anterior, hubo un 221% de aumento de los casos de niños no acompañados que llegaron a la frontera sur. Eso implica que ningún Estado ni ninguna comunidad autónoma esté preparada totalmente para recibir un flujo tan grande”, añade.
Un joven a su llegada al puerto de Arguineguín (Gran Canaria) en mayo. EFE/Ángel Medina G.
Sobrecarga
Ante esto, el Decreto Ley 2/2025 ha intentado corregir esa disfunción, buscando “asegurar que las comunidades receptoras tengan financiación a largo plazo y un mecanismo de compensación. Ahora hay que ver qué pasa en la puesta en marcha”.
Aunque para Ortiz no es el único reto: “Hay una sobrecarga en la frontera sur, sobre todo en Canarias. No existe un acceso pleno a la educación o la salud. Y hay un tema fundamental: las derivaciones erróneas en la determinación de la edad. Incluso el hecho de que a los menores no acompañados no se les llame niños, sino adolescentes, dice mucho: se esconde su identidad infantil y tienden a ser criminalizados en las redes sociales y en la prensa”.
Sobre esto insiste Jaime Pons, coordinador de la Oficina Técnica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM): “Es paradigmático cómo se puede criminalizar y deshumanizar a un colectivo tan indefenso como la infancia migrada sin referentes”. En este sentido, denuncia que los menores han sido usados como “herramienta política”, en Canarias y en el debate nacional.
Por su parte, David Melián, jurista y miembro de la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Canarias, apunta que lo que más preocupa a la Iglesia canaria es la “politización e instrumentalización” de la infancia. “Estamos en contra de que los niños sean usados en el debate político. La Convención de los Derechos del Niño es clara: deben respetarse siempre sus derechos. Y ahora mismo se han convertido en el centro de un debate en el que no participan”. “Desde la Iglesia, lo que más se puede hacer es concienciar y sensibilizar”, subraya Melián.
“El obispo lo ha dicho claramente: hay que dar soluciones que respeten el interés superior del niño. Siempre tienen que ser escuchados y sus necesidades atendidas”, indica. El trabajo es constante: vigilias, jornadas del migrante, actividades en colegios… “El esfuerzo de concienciación cada vez es mayor, porque la polarización es real. Hace dos años, apenas había debate en Canarias, pero ahora la polarización se nota. Los titulares negativos calan muy hondo y es difícil desmentirlos”, lamenta.
Los tres expertos convergen al final en un mismo mensaje: no se trata de estadísticas, sino de niños con nombres, que huyen de un país que no les protege para llegar a otros en los que, muchas veces, se les criminaliza.
