La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), creada alalimón por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha recibido en su primer año de trabajo 89 solicitudes de reparación. De estas, ha resuelto 39, con cantidades de indemnización que van desde los 3.000 a los 100.000 euros.

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El resto de los casos no resueltos, algo más de la mitad, están a la espera de la recepción de los informes correspondientes de parte de las instituciones eclesiales con las aportaciones de las víctimas. No obstante, la realidad es que “en la mayoría de los casos”, la resolución lleva “un tiempo no superior a tres meses”, cumpliendo con lo prometido al iniciar los trabajos. De hecho, en junio se empezaron a pagar.

Mientras la Iglesia lleva ya un año trabajando en las reparaciones, la realidad es que el plan antiabusos del Gobierno de Pedro Sánchez está congelado desde el 24 de abril de 2024, cuando fue presentado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Así, ni indemnizaciones ni siquiera acto público de perdón 17 meses después del anuncio.

Luis Argüello, Félix Bolaños y César García Magán

Según ha informado hoy, por primera vez, este organismo intraeclesial, la cantidad de la reparación va en función de “la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones”.

En concreto, de las 89 solicitudes, 32 son casos del ámbito diocesano -es decir, en los que el victimario es un sacerdote- y 57 del ámbito de la vida religiosa -es decir, en los que el victimario es un religioso-.

El ámbito de actuación de esta comisión está en aquellos casos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad o personas con discapacidad intelectual, en los que el caso ha prescrito o en los que el agresor ha fallecido o es inimputable.

“Evitar la revictimización”

Tal y como han comunicado hoy, el organismo ha trabajado en su primer año de vida en la elaboración de su reglamento de actuación, en los baremos aplicables para las indemnizaciones, en el diseño de los documentos y el método para realizar la solicitud y el procedimiento.

Con este modelo propio buscan “garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización”, según señala el mismo comunicado.

Además de la indemnización, en la reparación integral se contempla “una retribución económica para la compensación de los gastos realizados en los procesos de salud o terapéuticos tenidos a raíz de los abusos sufridos, y el compromiso de seguir asumiendo dichos costes en el futuro”.

Asimismo, los informes llevan aparejados una serie de recomendaciones dirigidas a la institución para afrontar el proceso de reparación o para la implantación de procesos de prevención.

Para acceder a esta reparación, las víctimas deben completar un formulario registrado en la web ‘www.paradarluz.com‘. El dictamen final con la propuesta de reparación integral se envía a la autoridad correspondiente de la institución eclesial donde se ha producido el abuso (obispo o superior religioso) y, en caso de que esta reparación no pueda realizarse, son la CEE o la CONFER las que responden subsidiariamente.

La comisión está formada actualmente por 10 miembros, entre ellos, un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad, y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos -entre ellos un superviviente-), que ofrecen su servicio de manera voluntaria.

Los 10 miembros de la Comisión Asesora

• Por parte de la CEE: Cristina Guzmán Pérez, doctora en Derecho civil, profesora propia agregada (jubilada) en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.
• Por parte de la CONFER: Samuel Segura Valero, SDB, vicario de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.
• Milagros Calvo Ibarlucea, ex magistrada del Tribunal Supremo, sala IV
• Benito Gálvez Acosta, ex magistrado del Tribunal Supremo, sala V
• Eduardo de Urbano Castrillo, ex magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
• María Concepción Molina Blázquez, profesora ordinaria de Derecho Penal Universidad Pontificia Comillas. Área de Orientación Jurídica en la asociación Acogida Betania.
• Carlos Chiclana Actis, doctor en Psiquiatría.
• Montserrat Lafuente Gil, doctora en Psiquiatría.
• Mª José Díez Alonso, psicóloga forense y psicóloga general sanitaria.
• Juan Carlos González Martín, Asociación Eshmá. Acogida, escucha, reparación a víctimas.