El Vaticano ha informado este sábado de que ha modificado la ley que recoge los mecanismos de control de las inversiones económicas financieras de la Santa Sede. Para lograr una mayor transparencia, a través de un decreto firmado por el presidente del Governatorato, el cardenal Giuseppe Bertello, una serie de medidas para lograr un mayor grado de trasparencia a partir de la Ley 18 de Vigilancia e Información Financiera del 8 de octubre de 2013.
- DOCUMENTO: Texto íntegro de la encíclica ‘Fratelli Tutti’ del papa Francisco (PDF)
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Controles intensos y coordinados
Según Carmelo Barbagallo, presidente de la Autoridad de Información Financiera, “las últimas modificaciones se insertan en una estrategia global cuyo objetivo es hacer cada vez más transparente la gestión de las finanzas vaticanas, en el marco de controles intensos y coordinados”. De hecho, Francisco acaba de modificar el consejo responsable del Instituto de Obras de Religión, el conocido como Banco Vaticano. También la dimisión del cardenal Angelo Becciu o la auditoría de Moneyval, el órgano del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo de dinero.
“Cada ordenamiento jurídico tiene como tarea fundamental proteger y defender la dignidad de cada persona. En este contexto, gestionar con prudencia y controlar con eficacia no es solo un deber jurídico, sino también moral. Esto es aún más cierto cuando se trata de controles de flujos financieros”, señaló Barbagallo a Vatican News.
Mayores controles
En total, el nuevo decreto 6 ordenamientos internos de la Santa Sede para reformar los mecanismos de control de inversiones, la transparencia y la colaboración con las entidades internacionales. A través de 32 artículos, el amplia conceptos como los bienes de inversión, los grupos e institutos financieros, organismos no lucrativos… También se incluye expresamente la obligación de colaborar facilitando datos de sospechosos de blanqueo o financiación del terrorismo.
Aprendiendo de los sucedido con el edificio de Londres, en nuevo texto incluye el control a “agentes inmobiliarios que actúen como intermediarios en la compra, venta o alquiler de bienes inmuebles, para transacciones cuyo valor de la propiedad o del alquiler mensual sea de 10.000 euros o más”. Valor que se establece también para otras transacciones comerciales o de arte.
El nuevo texto también asigna al Promotor de Justicia, la fiscalía vaticana, “las investigaciones en el ámbito de la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ejerciendo la actividad de investigación”. También se vela por el control interno y los mecanismos de prevención contra estas conductas delictivas y la valoración continua de los riesgos financieros de las inversiones.
La nueva norma es consciente de las situaciones de riesgo que se pueden dar. Por ello, establece que “las personas expuestas a amenazas, actos de represalia o actos hostiles, adversos o discriminatorios en el lugar de trabajo por haber denunciado un presunto caso de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo, ya sea internamente o ante la Autoridad de Información Financiera, tienen derecho a presentar una denuncia en condiciones de seguridad ante sus autoridades competentes. Sin perjuicio de la confidencialidad de la información reunida por la Autoridad de Información Financiera, esas personas tendrán derecho a presentar una demanda ante la autoridad judicial competente para proteger sus derechos en virtud del presente apartado”, añade.
