El pasado verano, el anterior presidente de la Organización Mundial de Comercio, el brasileño Roberto Azevêdo dimitió de su puesto como director general de esta organización. A pesar de que en un principio adujo motivos personales, pronto se conoció que el primero de septiembre (un día después de abandonar la OMC) comenzaría a trabajar para la multinacional PepsiCo en una función especialmente creada para él: vicepresidente ejecutivo y responsable de asuntos corporativos y comunicaciones.
En este puesto se espera que refuerce las relaciones de la multinacional con gobiernos, entidades reguladoras, organizaciones internacionales y partes interesadas no gubernamentales.
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Todo podría parecer de lo más normal. Alguien que abandona un puesto de responsabilidad en una organización internacional al servicio (al menos teóricamente) de los países que la conforman, pasa a trabajar para una empresa privada. Sin embargo, existe un elemento clave que deberíamos tener en cuenta. Durante los siete años que el señor Azevêdo ha estado al frente de la OMC ha realizado un gran número de reuniones con responsables políticos y empresariales de todo el mundo. Esto supone una agenda llena de contactos y unas relaciones de las que se va a beneficiar PepsiCo.
Creo que esto debería replantearse. Porque si puede ser legítimo que esta empresa contrate a la persona que desee y que lo haga, precisamente, por sus cualidades y sus contactos, creo que la OMC debería verse compensada por las posibilidades que ha ofrecido tanto a su ex-directivo como a la nueva empresa que lo contrata. Algunos opinan que esta clase de comportamientos deberían prohibirse. Pero no es esta la única opción posible.
Un canon
También podrían el señor Azevêdo y PepsiCo compensar a la OMC por los conocimientos que el primero sacó del desempeño de su cargo. Es decir, que pagasen un canon a la organización (elevado, por supuesto) para recompensar a la organización pública por los conocimientos que ha recibido el ex directivo y que van a ser utilizados para el provecho de la empresa privada que lo contrata.
De una u otra manera, parece claro que utilizar información adquirida en puestos de servicio a lo común para el provecho propio debería tener una regulación que lo impidiese o lo gravase con un recargo para impedir, o al menos reducir, esta clase de utilización de lo público para intereses privados. Funcionarios, inspectores de hacienda, directores generales, ministros y otra serie de cargos públicos deberían verse afectados por esta clase de regulación.
