Siguen abiertas las operaciones de la Fiscalía vaticana motivadas por la compra de un edificio en un lujoso barrio de Londres con fondos de la Secretaría de Estado, una investigación en la que, según se supo el pasado octubre, cinco funcionarios de la Curia romana fueran suspendidos de sus cargos al ser considerados sospechosos de los delitos de “malversación, estafa, abuso de poder y blanqueo de capitales”.
En el marco de las indagaciones por este caso que provocó una enorme polémica el pasado otoño, este martes fueron incautados documentos y aparatos informáticos en el despacho y la vivienda de monseñor Alberto Perlasca, jefe de la oficina administrativa de la primera sección de la Secretaría de Estado desde 2009 hasta el pasado julio, cuando el Papa lo nombró Promotor de Justicia (fiscal) sustituto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. En su anterior cargo Perlasca tenía una responsabilidad significativa en la gestión de las finanzas vaticanas.
Presunción de inocencia
La Sala de Prensa de la Santa Sede informó de que la operación de este martes, ordenada por el fiscal vaticano, Gian Piero Milano, se enmarca dentro de la investigación abierta por las inversiones inmobiliarias sospechosas de la Secretaría de Estado. “Respetando el principio de la presunción de inocencia, debe relacionarse con los primeros interrogatorios de los funcionarios indagados y en su momento suspendidos”, puede leerse en la nota de la Sala de Prensa, que añade que tanto la Fiscalía vaticana como la Gendarmería continúan la investigación con la cooperación de otros países.
Entre los cinco funcionarios suspendidos de sus cargos están Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y el sacerdote Mauro Carlino, antiguo secretario personal del cardenal Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018 y, desde entonces, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Becciu se defiende
Becciu defendió el pasado lunes su actuación en la polémica compra del edificio en Londres al asegurar que actuó siempre con “la previa autorización del superior” y que para la adquisición no se utilizó dinero del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge las limosnas que los fieles hacen al Papa para costear obras de caridad y el mantenimiento de la Iglesia católica.
En la presentación del libro ‘Extra omnes’, Becciu, según informó la agencia Sir, explicó que el valor del edificio, comprado en parte con una hipoteca, se ha triplicado. Aprovechó además para defender a sus colaboradores: los definió como “personas honestas, dedicadas al deber, fieles”. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos justificó su conversación con los medios sobre esta cuestión porque su nombre “no está entre los investigados”.
