Las propuestas de la formación morada para el 29-N excluye de contratos públicos a las congregaciones que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, en un acto electoral en Sevilla. Foto: EFE
Los diferentes partidos apuran la campaña electoral y dan a conocer sus iniciativas, muchas de ellas en sintonía con las modas y el debate social. Así, Podemos ha incluido en su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre una serie de medidas que apuntan directamente y sin disimulo a la Iglesia católica.
Entre las propuestas estrella figuran algunos estribillos del pasado como la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, a las que se suman algunas novedades como la prohibición de que “cualquier líder religioso pueda hablar desde la tribuna” del Congreso o la exclusión de la contratación pública de las entidades que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer. Este programa lo presentó este martes 17 de noviembre su candidata, Irene Montero, según recoge Europa Press.
Montero anunció que su partido va a “acabar con los privilegios de la Iglesia”. Entre las medidas, el programa contempla “la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede”. Y es que en el lenguaje del derecho internacional, denunciar un tratado supone darlo por terminado.
Los acuerdos vigentes se firmaron en enero de 1979 y regulan asuntos jurídicos, de enseñanza, asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y económicos. Ahora bien, el texto del programa no detalla qué ocurriría con cada uno de ellos, ni con la financiación o la enseñanza de la religión.
La propuesta de vetar la tribuna a líderes religiosos se refiere de forma expresa a lo ocurrido “con León XIV” en su viaje a España en junio. El 8 de junio, el Papa se dirigió a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en la primera visita de un pontífice a esa cámara.
El Pontífice trató cuestiones como la defensa de la vida, la familia, la dignidad de la persona, la libertad religiosa y los migrantes. Podemos –ya entonces fuera del Gobierno y separado de la coalición ‘Sumar’– anunció entonces que no asistiría a la sesión y calificó al Papa de “cómplice” de los abusos en la Iglesia.
Otra de las novedades se sitúa en el campo de la memoria democrática, el programa propone una Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985).
Olvidando la titularidad pública de la institución franquista o la propia evolución de la asistencia social, plantea además prohibir la contratación pública y la adjudicación de servicios sociales con fondos públicos a las entidades que gestionaron esos centros, y menciona de forma expresa a congregaciones como las Adoratrices y las Oblatas.
“Se acabó”, denunció Montero poniendo a las religiosas en la diana. “Son congregaciones religiosas responsables de gravísimas vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática a miles de mujeres, de bebés robados, de trabajos forzosos, de torturas y, por tanto, esas congregaciones religiosas, si quieren seguir existiendo, que sea con su propio dinero”.
En este sentido, como ocurre con algunos productos audiovisuales al respecto, desde la formación pasan por alto que la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) pidió perdón públicamente a las mujeres internadas en el Patronato el 9 de junio de 2025 en Madrid, con representantes de las Adoratrices, las Oblatas y las Capuchinas.
El acto terminó con una protesta de las supervivientes, que pidieron “verdad, justicia y reparación” y dijeron que el perdón no basta. En dicho acto el Gobierno participó enviando a su ministra de ministra de Igualdad Ana Redondo.
En el boicot participó –ya como exministra– la propia Montero. Los ‘morados’ recogen el relato de entidades como la asociación Las Desterradas Hijas de Eva que denunciaron que las congregaciones solo han entregado las fichas de entrada y salida, sin los motivos del internamiento ni los informes.
Según su portavoz, algunos de los pocos documentos recibidos contienen información falsa o manipulada. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática indicó que una subcomisión de la Comisión de la Verdad, creada el 25 de marzo de 2026, ha pedido información a las entidades.
El programa también propone convertir el Ingreso Mínimo Vital en una renta universal incondicionada, una prestación universal por hijo hasta los 21 años equivalente al 15 % del SMI y ampliar los permisos de nacimiento de 19 a 26 semanas por progenitor, el doble en familias monomarentales.
Plantea aprobar de inmediato la Ley de Familias y crear un marco legal que reconozca las redes de cuidados más allá de los modelos tradicionales, con “amistades, familias elegidas o relaciones no monógamas”.
Marilyn dos Santos, secretaria de Feminismos, defendió que “es muy carca seguir hablando de familias en términos convencionales” y pidió que se reconozca “el derecho al cuidado de las amigas”.
En diversidad sexual y de género, incluye la opción no binaria en los documentos oficiales, la eliminación de obstáculos para la libre determinación de género en infancias trans menores de 14 años y un cupo laboral trans en el empleo público.
Destina además 1.000 millones de euros a un fondo contra la violencia machista, y propone una Ley de la Buena Vejez, una Fiscalía específica para los derechos de los mayores y la desprivatización de las residencias.