La plataforma social de la Iglesia denuncia en un informe la exclusión generada ante la imposibilidad de acceder a un hogar digno
“Que la vivienda deje de ser un factor de exclusión y se convierta en una garantía de dignidad, de igualdad de oportunidades y de cohesión social”. Este es el llamamiento que lanzó esta mañana la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, a la clase política en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Desde ahí, reivindicó a los poderes públicos y a los partidos a promover “una conversación serena basada en la realidad de las personas.
La reflexión de González Dyne tuvo lugar hoy, en el arranque de la presentación del informe de Cáritas Española elaborado por la Fundación Foessa ‘La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia’.
El estudio recoge la que la mitad de los inquilinos no tendría hoy un nivel de ingresos suficientes para acceder hoy al mercado del alquiler. Así, una de cada cuatro personas atendidas por la ong de la Iglesia realquila habitaciones. La denominada exclusión residencial afecta a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes, con baja intensidad laborar o con ingresos suficientes o variables. Entre otros datos, también se subraya cómo ocho de cada diez personas en el País Vasco, Madrid y Baleares.
“La vivienda está marcando cada vez una frontera más clara entre inclusión y exclusión”, planteó Thomas Ubrich, investigador de la Fundación Foessa que está detrás de este informe. Con este punto de partida se detuvo en el fenómeno del realquiler, que lejos de ser una opción libre, se convierte en la única opción para “familias expulsadas del mercado ordinario de la vivienda, en ocasiones mediante relaciones contractuales débiles, informales e incluso sin contrato, con una cronificación de esta realidad”.
Ubrich recopiló algunos relatos de esta “exclusión residencial”, como el hecho de que vivir en una habitación realquilada impide empadronarse, poder ir a la cocina a mitad de la noche para dar algo que comer a un bebé o simplemente estar durante el día en la vivienda. “Quien vive en una habitación no solo pierde metros cuadrados, sino arraigo”, denunció el investigador. Se trata de “soluciones habitacionales de supervivencia que no podemos normalizar”. “Cuando tienes que pagar hasta 500 euros por una habitación es muy difícil poder cubrir el resto de gastos de un hogar y menos aún ahorrar”, añadió.
Preguntado por si realquilar una habitación es legal o no, apuntó que “muchas personas por pura precariedad aceptan situaciones desequilibradas y abusivas”.
En otro momento del encuentro con los medios, González Dyne desveló que “incluso se están alquilando pasillos, lo que refleja una realidad excluyente”. Así, subrayó que la actual crisis de acceso a la vivienda es ya “una barrera estructural para millones de personas, alimentada por un profundo e insostenible desajuste entre los precios del mercado, tanto en alquiler como en compra, los ingresos reales de los hogares y la drástica falta de opciones sociales y asequibles”.
Para la secretaria general de Cáritas Española, no basta aumentar la oferta de vivienda, sino plantear para quién se construye. “Es posible mirar la vivienda como un espacio físico con cuatro paredes, pero deja fuera lo esencial: la vivienda es el lugar donde se despliega el hogar”, comentó. Así, reivindicó “la lógica del bien común”, puesto que el acceso a una casa “no puede depender de la capacidad económica de la persona”. Ubrich exigió una oferta asequible desde una “vivienda efectiva y socialmente orientada acorde con las necesidades de los hogares”.
Este informe Foessa desvela cómo sería necesario disponer de al menos 40.000 euros de ahorro previo y unos ingresos mínimos de 2.438 euros para comprar una vivienda de referencia. Al comparar estas cifras con los ingresos reales de la población en alquiler, Cáritas concluye que el 69,5% queda por debajo del umbral para acceder a esta compra.
