León XIV se ha marchado de España después de una semana en nuestro país y, apenas unos días después, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos. Y es que los socios del Gobierno han reactivado así una reforma del Código Penal que llevaba bloqueada desde 2023 y que también eliminará las injurias a la Corona, las Cortes y otras instituciones del Estado.
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“La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe”, decía el pontífice el pasado lunes, 8 de junio, ante el Congreso de los Diputados. Ahora, el pacto ha sido presentado ante la Cámara Baja por el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago; el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
La proposición de ley cerrará próximamente el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y, tras superar ese debate, los grupos registrarán las modificaciones parciales que han acordado. Sin embargo, esta iniciativa no es nueva. El Congreso ya tomó en consideración en diciembre de 2023 una proposición de ley promovida por el grupo de Yolanda Díaz, aunque desde entonces había permanecido paralizada.
Pero la medida no se queda únicamente en el ámbito de la religión, ya que también desaparecerán las injurias contra las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, así como el uso punible de la imagen de la Familia Real y los ultrajes a España y sus símbolos. Aún así, el artículo 504 no se derogará por completo: se eliminarán las injurias a las instituciones, pero se mantendrán las amenazas graves y el uso de fuerza o intimidación contra ellas.
Las ofensas religiosas dejarán de ser delito
El artículo 525, cuya supresión han pactado los dos socios del Ejecutivo, establece multas de entre ocho y doce meses para quienes, con intención de ofender los sentimientos de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen a quienes los profesan o practican.
La reforma no afectará, en cambio, a otros delitos vinculados al ejercicio de la libertad religiosa, ya que seguirá castigándose impedir o forzar mediante violencia, intimidación o coacción a una persona para que practique o deje de practicar una religión. Tampoco desaparecerán las penas por interrumpir mediante violencia, amenaza o tumulto una ceremonia religiosa ni por ejecutar actos de profanación en templos o lugares de culto.
El cambio se limita a las expresiones públicas consideradas ofensivas. De esta manera, la frontera penal dejará, por tanto, de estar en la ofensa a los sentimientos y se mantendrá en las conductas que impliquen coacción, violencia, intimidación o profanación.
Una “urgencia democrática”
PSOE y Sumar han defendido la reforma como una actualización necesaria para reforzar la libertad de expresión y adaptar el ordenamiento español a los estándares internacionales. “Con esta supresión, el Grupo Socialista pretende fortalecer el derecho a la libertad de expresión como corresponde a una democracia de calidad y plena”, ha explicado Artemi Rallo, subrayando que el objetivo es alinear a España con Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
Asimismo, Rallo ha recordado que el Tribunal Constitucional admite la existencia de límites a la libertad de expresión, pero exige que estén “justificados y sean proporcionados”.
Desde Sumar, Enrique Santiago ha calificado el acuerdo como “un paso esencial” en la derogación de las denominadas leyes mordaza. “Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”, ha afirmado. Por ello, ha definido la reforma como “una urgencia democrática”.
Ernest Urtasun ha asegurado que el cambio “no desprotege absolutamente a nadie” y ha defendido que “la cultura solo puede florecer plenamente allí donde existe libertad creativa”, haciendo referencia, así, a los procesos judiciales abiertos en España contra artistas, humoristas y autores por actuaciones, sátiras o caricaturas.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo
Una reforma anunciada en 2024
La eliminación del delito contra los sentimientos religiosos ya había aparecido en septiembre de 2024 dentro del Plan de Acción Democrática presentado por el Gobierno. Entonces, el Ejecutivo anunció una “reforma integral del Código Penal” para revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión cuando afectaran a instituciones del Estado o a sentimientos religiosos.
Ya entonces, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, explicaba entonces que el objetivo era adecuar la legislación española al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sumar ya había avanzado aquella intención meses antes, pero la reforma no terminó de materializarse. Ahora, PSOE y el grupo de Yolanda Díaz han recuperado la iniciativa parlamentaria y confían en reunir el apoyo de la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez.
