La Iglesia católica en Estados Unidos se enfrenta nuevamente a una dolorosa herida de su pasado reciente en materia de abusos. Un devastador informe publicado este miércoles, 4 de marzo, por la fiscalía de Rhode Island ha revelado que la diócesis de Providence ocultó sistemáticamente los abusos sexuales cometidos por 75 sacerdotes contra más de 300 menores durante décadas, concretamente entre 1950 y 2011.
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Estos hechos, que el fiscal general del estado ha calificado de “abominables y asombrosos”, apuntan a que la cultura del silencio prevaleció sobre la protección de los más vulnerables. Algo que recuerda a las investigaciones de la cercana diócesis de Boston o al informe de la Corte Suprema del estado de Pensilvania de 2018.
Para elaborar este documento, la investigación revisó exhaustivamente más de 250.000 páginas de archivos diocesanos, según recoge el diario ‘El País’. Entre ellos, se hallaron expedientes personales, políticas internas y registros médicos que evidencian cómo, en el pasado, la curia trató estas graves agresiones como problemas de salud mental que requerían tratamientos para ‘revertir’ las inclinaciones, en lugar de reconocerlos como los graves delitos que eran.
El pecado del encubrimiento
La fiscalía entrevistó a casi la mitad de las 300 víctimas identificadas. El informe detalla una realidad desgarradora: en el momento de sufrir los abusos, la mayoría de estas víctimas tenían entre 11 y 14 años, y muchos de ellos eran monaguillos. Además, las víctimas tardaron una media de 26 años en poder reunir las fuerzas para denunciar. La mayor parte de estos abusos se concentraron en la década de 1970.
El aspecto más doloroso del informe es el encubrimiento sistemático. Según las autoridades, la diócesis trasladó al menos a 30 de los sacerdotes acusados a nuevos destinos parroquiales; en ocasiones, hasta cinco veces cada uno. “Se podría haber evitado tanto daño y sufrimiento apartando de sus funciones a los sacerdotes”, lamentó Peter F. Neronha, fiscal general del estado. Para Neronha, en lo que se refiere a estos crímenes, “nada lo explica, nada lo justifica”. El fiscal denunció que, durante décadas, se protegió la reputación de la institución por encima del bienestar de los niños. Mediante promesas de confidencialidad y traslados, se perpetuó un sistema que agravó las situaciones de abuso en lugar de entregar a los responsables a la justicia ordinaria.
