El pasado 25 de febrero, justo el día en que el Gobierno desclasificó los documentos reservados en torno al 23-F, murió Antonio Tejero. Precisamente, estamos ante la cara visible del ataque más grave contra nuestra democracia, que fue parado en última instancia por Juan Carlos I. Hace 45 años, el 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil tomó presos a todos los parlamentarios en el Congreso de los Diputados (justo cuando votaban la investidura presidencial de Leopoldo Calvo-Sotelo en sustitución de Adolfo Suárez) y pretendió dar un golpe de Estado para que se implantara en España un régimen militar.
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Fallecido a los 93 años, ha trascendido ahora que su familia deseaba que la catedral castrense, en Madrid, albergara un funeral en su memoria al cumplirse un mes de su muerte, el próximo 25 de marzo. Sin embargo, como han denunciado en una carta pública sus seis hijos (uno de ellos es sacerdote), el arzobispo castrense, Juan Antonio Aznárez, “nos ha comunicado personalmente su decisión de denegar la celebración de las exequias fúnebres por el alma de nuestro padre” en dicho templo.
“Un gran dolor”
Al causarles este veto eclesial un “profundo pesar y perplejidad”, así como “un gran dolor”, reivindican que “las exequias constituyen un acto de piedad y consuelo para los vivos, no un juicio sobre la vida del difunto”. Siendo ellos “miembros activos y feligreses de la Diócesis Castrense, recibimos esta noticia con el corazón herido”.
Finalmente, los hijos, al ver vulnerado este “derecho espiritual”, lamentan que “dicha prohibición carece totalmente de fundamentos”, viéndose Aznárez, a su juicio, “supeditado a consideraciones de índole temporal o política”. Así, “nos apena observar cómo, en ocasiones, el temor humano parece prevalecer sobre los principios de justicia y verdad que deben regir en esta institución”.
Nota del Arzobispado Castrense de España. pic.twitter.com/YhkYHC3H5p
— ArzobispadoCastrense (@arzocastrense) March 6, 2026
Tras la difusión de esta carta de la familia Tejero, el Arzobispado Castrense ha publicado un comunicado “con el objetivo de aclarar” que “la solicitud” para la celebración del funeral “no se consultó” ni con el rector del templo cardenalicio ni con el propio arzobispo.
Por ello, una vez que se tuvo constancia de esta intención, “en el día de ayer, el arzobispo se entrevistó con un miembro de la familia de don Antonio para comentarle este hecho y para proponerle alternativas en otras parroquias de Madrid”. “El motivo principal de esta decisión fue el riesgo, no deseado por la familia de don Antonio, de darle a una misa por su eterno descanso, oficiada en la catedral castrense, connotaciones ajenas al estricto significado religioso de dicha celebración”, concluye la nota eclesial.