Las cinco diócesis gallegas –Santiago, Lugo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol y Tuy-Vigo– alertaron el 18 de enero, a una sola voz, sobre la nueva ley de multirreincidencia aprobada solo seis días antes en el Congreso de los Diputados y cuyo texto se conoció el mismo día que alzaron la voz las delegaciones de Pastoral Penitenciaria de la región. Según la normativa, se endurecen las penas para hurtos menores (inferiores a 400 euros) cuando el autor ha sido condenado al menos tres veces por delitos similares, permitiendo hasta tres años de prisión.
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Aunque la legislación ha salido adelante en la Cámara Baja con el apoyo del PSOE, PP, Junts, Vox y PNV, la Iglesia la ha enmendado, primero desde Galicia y luego desde la propia Conferencia Episcopal, porque “criminaliza la pobreza” y no soluciona las causas de fondo, pues endurecer penas es “una respuesta desproporcionada” que amenaza con castigar la exclusión social.
“Entendemos la reacción y la demanda de la sociedad, las víctimas, pero la Iglesia también confía en otras medidas que consideramos positivas. Parece como si se quisieran solucionar los problemas sociales solo a golpe de ley y cárcel. La delincuencia se frena, además, con prevención, escolarización, vivienda digna, trabajo remunerado… aprobar esta ley significa que no estamos poniendo soluciones, sino creando más tensión social. La seguridad ciudadana no aparece como consecuencia de más castigos, sino con garantizar unos medios dignos de vida”, apunta, preguntado por ‘Vida Nueva’, José María Carod Félez, director de Pastoral Penitenciaria de la CEE.
Aparcar el problema
Para el mercedario, “la ley quizás sirva para ahuyentar al delincuente menor… y evite el delito, o en el peor de los casos, acabe en la cárcel. Con ello, ¿hemos solucionado el problema o simplemente lo hemos ‘aparcado’ durante un tiempo? La finalidad de la pena de cárcel es la rehabilitación y reinserción social –como reza el artículo 25 de la Constitución Española–. ¿De verdad creemos que al salir de la cárcel dejará de delinquir?”, se pregunta con ironía el religioso, con el aval de llevar toda una vida acompañando a las personas privadas de libertad.
Y va más allá en su reflexión: “Si previo al delito vivía en condiciones degradantes, o era explotado laboralmente (quien tuviera la oportunidad de trabajar), o almacenaba su día a día en una habitación alquilada a 500 euros, sin referentes, sin apenas formación, con adicciones toxicológicas, o con salud deficiente… cuando salga de la cárcel ¿acaso se reinsertará en… la nada?”. Asimismo, Carod Félez insiste en que “hay otras formas de solucionar los problemas sociales: más justicia restaurativa, más medidas alternativas, más prevención, mejores oportunidades para los jóvenes… y ello contribuirá a garantizar la seguridad ciudadana”. “Es lo que conocemos como ‘prevención’”, subraya, para luego completar: “Por eso la Iglesia pone el foco en la prevención y en la reinserción”.
