En un comunicado conjunto de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, la Iglesia argentina sentó posición sobre el proyecto que comenzará a tratarse para bajar la edad de imputabilidad de los menores, y propone más educación, más oportunidades y más esperanza.
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En continuidad con el mensaje de la Pastoral Social, titulado “Más oportunidades que penas” (25 de marzo de 2025), ahora quieren ofrecer un aporte con espíritu constructivo, tomando como base la experiencia de referentes y profesionales y el despliegue desarrollado por la Iglesia a través de sus instituciones en diálogo permanente con las familias y adultos de estos espacios. Creen que hay “un consenso amplio que no está siendo escuchado”.
Los organismos de la Conferencia Episcopal Argentina reiteraron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito; por el contrario, desplaza y agrava el problema. Señalan que la propuesta actual llega en un clima político marcado por el oportunismo y el impacto mediático, lo que impide un debate serio, plural y fundamentado sobre políticas públicas para infancia y adolescencia.
Abordaje
Aseguraron que han acompañado a muchas personas víctimas de delitos, especialmente en los barrios populares, y ellos mismos han padecido estas situaciones. Creen que es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios, y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir.
“Como la mayoría de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil. Reconocemos que existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”. Particularmente, señalan que la falta de adecuación de la normativa a los compromisos internacionales asumidos, la necesidad de prever disposiciones que no sean regresivas y la ausencia de dar respuestas eficaces al problema social que se presenta.
Subrayan la necesidad de un enfoque integral que priorice la prevención, la educación, la salud mental, la contención en territorio y oportunidades, antes que medidas punitivas. Asimismo, advirtieron sobre la ausencia de condiciones institucionales y de recursos que garanticen la implementación de un régimen penal juvenil con tratamiento especializado y digno.
Medidas integrales
Desde la perspectiva técnica y de derechos, las entidades recuerdan que la adolescencia es un proceso de maduración cerebral que limita la plena responsabilidad penal y que existe amplia jurisprudencia y normativa internacional que protege a los menores, y advierten, además, sobre posibles inconstitucionalidades del proyecto que vulnerarían tratados y la Ley 26.061.
Proponen alternativas concretas:
- reforzar la intervención de los Juzgados de Familia y del Sistema de Protección,
- invertir en salud mental y adicciones con dispositivos territoriales para infancia y adolescencia, y
- promover prácticas como la Justicia Restaurativa para delitos graves cometidos por mayores de 16 años, con evidencia de reducción de reincidencia.
Las organizaciones aportan datos y estudios que muestran que los países que redujeron la edad de imputabilidad no han logrado disminuir la violencia ni la reincidencia, y recuerdan que en Argentina la participación de adolescentes en procesos penales es muy baja y que la mayoría de los hechos son contra la propiedad.
Para finalizar, convocan a legisladores y sociedad a abandonar el falso dilema entre “hacer algo” y “no hacer nada”, y a construir consensos responsables: una reforma coherente y gradual, basada en evidencia, garantizando recursos y medidas integrales que cuiden, incluyan y reparen, priorizando la protección de la niñez y la formación de oportunidades.
