Tal y como anunciara ayer Irene Montero, eurodiputada de Podemos, la formación morada ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez y, en el Consejo de Ministros de este martes 27 de enero, se ha iniciado el proceso que, en unas semanas, debería culminar con la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes. Así, se beneficiarán de este paso todos aquellos que puedan acreditar que, antes del 31 de diciembre de 2025, llevaban al menos cinco meses residiendo en nuestro país.
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A través de un comunicado conjunto, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han celebrado una “medida” que supone “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
Promovida desde 2023
Con todo, desde la Iglesia española se anima a que no caiga en el olvido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, promovida desde 2023 en buena parte por entidades eclesiales, que lograron 600.000 firmas de apoyo, busca promover una regularización extraordinaria inmigrantes que tenga una base más profunda y sólida. Lo que pasa “por alcanzar un Pacto de Estado entre los diversos partidos políticos y que se visibilice con un fuerte consenso en el Congreso de los Diputados”.
Mientras este llega, claro, se celebra que el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar haya preferido desatascar la situación y sacarla adelante de un modo directo, vía real decreto (RD). Y es que, durante estos tres años, nunca ha llegado a plasmarse un acuerdo definitivo y muchas personas estaban en un limbo jurídico que afectaba a sus vidas por no tener su situación administrativa en regla.
Pedro Sánchez, durante un mitin en Extremadura
Así lo valora, en conversación con Vida Nueva, Xabier Parra, director de Sercade, el Servicio Capuchino para el Desarrollo, perteneciente a la plataforma eclesial REDES. En este sentido, estamos ante uno de los principales interlocutores eclesiales en estos meses, tanto con las distintas formaciones parlamentarias como, de un modo especial, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado por la ministra Elma Saiz, quien ahora también es portavoz del Gobierno.
“Un giro en el PSOE”
Por su experiencia directa, ha constatado “un giro en el PSOE” del que ya informó a esta revista meses atrás, cuando, tras una reunión en el Ministerio, salieron “satisfechos”. Eso sí, entonces solo podían hablar “de sensaciones y no de certezas, pues no se nos enseñó ningún documento”. Pero ya entonces se veía una salida: “Nos confirmaron las negociaciones con los partidos y parece que apuestan por una regularización que sea lo más garantista posible para las personas y por solucionar las situaciones existentes de inseguridad y pobreza”.
Por su parte, “nosotros volvimos a insistir en la oferta que hizo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, cuando pidió que negociaran los dos grandes partidos, PP y PSOE, para llegar al mayor consenso posible. Además, pusimos encima de la mesa los perfiles de las personas que sufren una mayor vulnerabilidad y hablamos de problemas concretos con la actual reglamentación jurídica, como los que hay con el empadronamiento, las dificultades para lograr contratos laborales o la irregularidad sobrevenida de muchísimas personas que tienen que valorar si suspenden su proceso de asilo por falta de garantías en conseguirlo”.
Lamentablemente, ese anhelado consenso no ha sido posible. De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en las últimas horas “una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. De ahí que Parra aprecie este paso adelante vía real decreto, “que es el mecanismo que ya fue utilizado por otros Gobiernos que dieron el paso de recurrir a regularizaciones extraordinarias de migrantes”. De hecho, fue algo que hicieron los Ejecutivos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como el de José María Aznar, del PP.
Reuniones estas semanas
De cara al mañana, el representante capuchino enfatiza que “la Iglesia seguirá buscando la senda que marca la ILP: un gran acuerdo parlamentario en forma de Pacto de Estado”. Para ello, seguirán ofreciéndose a negociar con todos: “Hemos tenido reuniones con diferentes partidos y con el Gobierno, incluso este mes de enero”.
Eso sí, Parra deja claro que “buscamos construir entre todos y no ser un lobby político. La Iglesia se centra más en argumentar desde nuestra experiencia de acogida, con tantos cientos de miles de personas, para ayudar en la redacción de los contenidos que vertebrarán los dispositivos legales a nivel migratorio”.
Alberto Núñez Feijóo
Echando la vista atrás, reconoce que “el camino ha sido tortuoso, arduo y con muchos altibajos, pues unas veces parecía que la ILP podía salir adelante y alcanzar un Pacto de Estado, pero luego se paralizaba todo”. Lo que le ha generado “una gran presión, pues para nosotros lo que cuentan son las personas que están detrás de los números”. De ahí que, por ellas, hoy sienta “una gran alegría”.
Ahora, el reto es “seguir trabajando para que cambie la mirada en relación a las fronteras y que se priorice dignificar la vida de la gente”. Eso, muchas veces, “nos lo trasladan representantes políticos a puerta cerrada”. En esos momentos, “se mostraban preocupados por ello y abiertos a dar pasos”, pero luego imperaba la lógica partidista en un tiempo de confrontación.
