Tras un acuerdo entre Podemos y el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, en el Consejo de Ministros de este martes 27 de enero se inicia el proceso que, en unas semanas, debería culminar con la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes que puedan acreditar que, antes del 31 de diciembre de 2025, llevaban al menos cinco meses residiendo en nuestro país.
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Tras dos años de parón de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, promovida en buena parte por entidades eclesiales, que lograron 600.000 firmas de apoyo, buscaba promover (siendo entonces la fecha referencial el 31 de diciembre de 2023) esta regularización migratoria extraordinaria vía Pacto de Estado entre los diversos partidos políticos y aprobada con un fuerte consenso en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido desatascar la situación y sacarla adelante de un modo directo, vía real decreto (RD).
Comunicado conjunto
A través de un comunicado conjunto, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) “celebran” una “medida” que supone “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
Constituidos en un Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ha negociado a lo largo de este tiempo con todas las formaciones parlamentarias y con numerosas plataformas civiles, consideran que, pese a que no haya sido mediante la deseada fórmula del consenso, “la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias”.
En ese sentido, “el reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos”. Por ello, la Iglesia española “ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria”.
Muchos colectivos vulnerables
En sí, “el Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes”. Pese a todo, como se observa directamente por la experiencia en todas las comunidades eclesiales comprometidas en el acompañamiento a personas migrantes, “deja fuera a numerosos colectivos vulnerables”.
Pedro Sánchez en un mitin en Cáceres
Concretamente, se constata este vacío con los siguientes perfiles: “Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos; personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad; y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas”.
Por ello, esta regularización extraordinaria supone una buena noticia que aliviará el sufrimiento de muchas personas que, por distintos motivos, no tienen normalizada su situación legal. Y más si se tiene en cuenta que muchos atraviesan una fuerte situación de vulnerabilidad por carecer de esa seguridad administrativa.
El 68%, en exclusión social
Y es que, como se acredita en el IX Informe FOESSA de Cáritas, si bien “casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país, la situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social”. Hasta el punto de que “el 47% de las personas acompañadas por Cáritas en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019”.
“Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión”, remacha la plataforma eclesial.
¡500.000 ilegales!
El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión.
Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración. https://t.co/emUBvUAybx
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 26, 2026
A través de su cuenta en X, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha mostrado su rechazo absoluto a esta medida: “¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración”.
En la misma red social, no le ha ido a la zaga Pepa Millán, portavoz de la formación ultraderechista en el Congreso de los Diputados: “El PSOE se desangra y necesita recurrir a la sustitución del censo urgentemente regularizando inmigrantes. No importa si llevan cinco meses o cinco años, se están llevando a España por delante con tal de permanecer un rato más en la Moncloa. Los españoles no podemos permitirlo.
Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión.
Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos.
En la España socialista, la ilegalidad se premia.
La política…
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 26, 2026
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido también muy crítico: “Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos. En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba abajo”.
