Las víctimas de abusos piden al Papa el cese del arzobispo de Oviedo

Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia han pedido públicamente este martes al papa León XIV que cese al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, después de que este criticase el acuerdo Iglesia-Estado para la indemnización de supervivientes de pederastia eclesiástica, en un artículo de opinión publicado en ABC y recogido por Europa Press, y en el que el prelado acusa al gobierno de usar la iniciativa como un “arma de distracción masiva”.

En el texto, Sanz cuestiona que el Ejecutivo plantee un acuerdo vinculante con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia de Religiosos para fijar indemnizaciones, con la intervención del Defensor del Pueblo en caso de desacuerdo, y considera que se trata de un esquema en el que “el Gobierno marca el precio, señala al pagador y elige al árbitro”.

El arzobispo sostiene que la decisión no responde a una política integral de atención a las víctimas de abusos sexuales, al centrarse únicamente en los cometidos en el ámbito de la Iglesia, que según afirma, representarían en torno al 0,2% del total, dejando sin una reparación equivalente a las víctimas de otros entornos como la familia, la escuela, el deporte o los centros de protección de menores.

Frente a ello, Sanz Montes destaca que la Iglesia ha asumido “su responsabilidad moral” y ha puesto en marcha mecanismos de prevención, acogida y reparación, como las oficinas diocesanas de atención a víctimas y el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales en la Iglesia (Priva), impulsados siguiendo las indicaciones de los últimos pontífices.

“Arma de distracción masiva”

En este sentido, el prelado reprocha al Gobierno que no haya desarrollado protocolos similares en los ámbitos de su competencia ni políticas eficaces de prevención y educación, y atribuye la focalización en la Iglesia a una estrategia de distracción.

“Estamos de nuevo ante un arma de distracción masiva en un momento en el que ellos necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas sensibles que enfrentan dialécticamente a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar por sabidos”, expone.

En su reflexión, subraya que la pedofilia es “un crimen inmenso” y “una lacra de la entera sociedad”, no exclusiva del ámbito eclesial, y reconoce que ha habido miembros de la Iglesia que han cometido estos delitos, así como responsabilidades por encubrimiento. No obstante, insiste en que también existen casos de denuncias falsas y defiende la necesidad de garantías para todas las partes.

Finalmente, el arzobispo propone que, de forma recíproca, las administraciones públicas indemnicen a las víctimas de abusos cometidos en entornos civiles y adopten medidas globales para erradicar esta lacra, sin utilizarla de manera interesada con fines ideológicos.

La denuncia de las víctimas

Ante estas palabras, Justice Initiative España, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris han exigido el cese de Sanz a través de un comunicado “por sus continuas e insistentes declaraciones despreciando a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En cuanto a las declaraciones de Sanz, las víctimas denuncian que, “en algunos casos” y en su opinión, “son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia”. “Es necesario limpiar la iglesia de personajes indolentes, inservibles y portadores de indicios más que evidentes de colaboración con la omisión de socorro a las víctimas de pederastia y de acrecentar su dolor con expresiones propias de revictimización”, apuntan.

Asimismo, las víctimas acusan al arzobispo de llevar a cabo una “persecución sin descanso” contra ellas y advierten de que las conclusiones de Sanz sobre el acuerdo Iglesia-Estado “tienen muchos elementos perseguibles en un juzgado”. Por ello, avanzan que están valorando una denuncia judicial a su persona.

Acuerdo firmado entre la Iglesia y el Gobierno, para abrir una nueva vía de indemnización a las víctimas de abusos

Valoración positiva del acuerdo

Sin embargo, las asociaciones destacan que Sanz “en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica” y reclaman a la orden franciscana –a la que pertenece- su “condena pública” y que tomen “las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado”.

“Este individuo llegó, dentro de su amplia colección de insultos y faltas continuadas de respeto, a acusar a un grupo de víctimas del Seminario Menor de La Bañeza, León, de ser los causantes de un infarto letal en la persona de un obispo de la Iglesia de España. No es de recibo tener a alguien de su perfil en un cargo de responsabilidad en la institución”, subrayan.

Por último, en el escrito valoran “muy positivamente”, la recepción del viernes pasado en Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “dentro del capítulo de reconocimiento público que merecen las víctimas y supervivientes”. Además, recalcan que cuentan “con el respaldo de instituciones europeas y parlamentos autonómicos que son, en última instancia, quienes rigen una sociedad democrática”.