Acuerdo definitivo entre la Iglesia y Moncloa: el Defensor del Pueblo determinará las indemnizaciones a las víctimas de abuso que no confían en la vía eclesial

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, evaluará y determinará las indemnizaciones para las víctimas de abuso que no confíen en la vía abierta por la Iglesia. Este es el acuerdo principal al que han llegado el Ministerio de Jusiticia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) después de más de un año de reuniones técnicas para abordar esta cuestión, tal y como adelanto ‘Vida Nueva’ en exclusiva. Para materializarlo, hoy han firmado este protocolo por vigencia de un año el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el presidente de los obispos, Luis Argüello, y el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego.

A través de un comunicado, los obispos y los religiosos aclaran que “el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

En septiembre de 2024, la Iglesia puso en marcha una comisión independiente de expertos, encargada de baremar la reparación de las víctimas cuyo abusador había fallecido o su caso había prescrito. En este tiempo, el llamado Plan de Reparación para las Víctimas de Abuso (PRIVA) ya ha recibido la petición de más de un centenar de víctimas y las indemnizaciones superan los 1,5 millones de euros.

Negociación intensa

Sin embargo, algunas asociaciones de víctimas y el propio Gobierno cuestionaron desde el primer momento la imparcialidad de esta propuesta y alzaron la voz en nombre de aquellos supervivientes que no se fiaban del protocolo eclesial. Es así cuando surgió esta negociación que siempre contó con la mano tendida de los obispos y los religiosos.

Como parte del acuerdo, la Iglesia ha conseguido arrancar del Ejecutivo dos compromisos. Por un lado, las indemnizaciones a las víctimas no tendrán que tributar, o lo que es lo mismo, el dinero recibido será íntegro para ellos y no cederán parte alguna de las cantidades percibidas a Hacienda, con carácter retroactivo. Por otro lado, según fuentes eclesiales, el Estado se habría comprometido a abrir una vía para indemnizar a los menores víctimas de abusos en otros ámbitos que no sean los eclesiásticos, una demanda de los obispos que siempre han alertado de cómo se trata de una lacra que alcanza a la sociedad. Así pues, ahora la pelota está en el lado de Moncloa para ahondar en espacios como la escuela pública o los clubes de deportivos.

Mecanismos de consenso

En relación a las víctimas de la Iglesia, el Defensor del Pueblo será quien analice cada caso que llegue a su puerta. No se creará ninguna comisión ex profeso, sino que será la encargada de investigar cada expediente la llamada Unidad de Atención a las Víctimas que creó cuando elaboró su informe que radiografió esta crisis. Eso sí, el acuerdo entre Moncloa y la Iglesia especifica que este equipo utilizará el mismo baremo que la comisión de expertos de la Iglesia. Aunque hasta hoy no se han desvelado los criterios utilizados, según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, las cantidades estipuladas estarían por encima de las que marca la justicia civil en estos casos.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

Una vez que la Unidad de Atención a las Víctimas elabore su dictamen, el Defensor del Pueblo lo ratificará y enviará a la comisión de expertos de la Iglesia, que deberá analizarla. Fuentes eclesiales confían en que en la inmensa mayoría de los casos se avale la decisión de Ángel Gabilondo. Aun así, en caso de que se generara un conflicto, también se contempla un mecanismo alternativo: la creación de una comisión mixta conformada por especialistas del Defensor del Pueblo y de la Iglesia para llegar a un acuerdo. Incluso si en este caso no se lograra aunar una cifra, la última palabra la tendría Ángel Gabilondo tras consultar a los presidentes de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y del presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego.