Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hay muchas interrogantes, a pesar de que la segunda al mando, Delcy Rodríguez, haya asumido la presidencia interina con el halo de ilegitimidad a cuestas.
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A ello se suma las declaraciones de Donald Trump sobre un control temporal de la nación suramericana para una transición segura. Sobre esto último, la Red eclesial de migración, trata, refugio y desplazamiento Clamor ha expresado sus preocupaciones.
En un comunicado, han rechazado el anuncio de proyectos petroleros y la reconstrucción económica bajo supervisión de empresas estadounidenses, porque “constituyen una grave violación a la soberanía de Venezuela y al Derecho Internacional”.
Echando mano de lo establecido en el artículo de la Carta de las Naciones Unidas, recordaron “el principio de no intervención y respeto a la integridad territorial y la independencia política de los Estados”.
25 años de arbitrariedades
Clamor ha reconocido que en 25 años de chavismo se han documentado graves violaciones a los Derechos Humanos, restricciones a la participación política, persecución, censura y detenciones arbitrarias.
Se pronunciaron sobre “los centenares de presos políticos, en medio de una aguda crisis humanitaria, que han afectado el bien común del pueblo venezolano y la dignidad de las personas”.
Sin embargo, desde la Doctrina Social Cristiana, rechazan “categóricamente cualquier tipo de invasión y uso unilateral de la fuerza que vulnere el derecho de los pueblos a decidir su propio destino”.
Toda transición política que se precie de tal “debe emanar del propio pueblo venezolano, mediante elecciones libres, transparentes y verificables internacionalmente, sin manipulación ni coerción, respetando la soberanía nacional y la dignidad humana no solo en lo individual, sino en lo colectivo”, recalcaron.
Privilegiar el diálogo
El organismo eclesial advierte que las políticas intervencionistas de Estados Unidos históricamente solo han priorizado sus intereses económicos por encima de la dignidad de los pueblos.
De hecho, la militarización en territorio venezolano “solo incrementaría el riesgo a nuevas violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y crisis humanitaria, como ha ocurrido repetidamente en otras regiones afectadas por conflictos externos”.
Ratificaron su compromiso con migrantes y refugiados, toda vez que piden al gobierno estadounidense a privilegiar “el diálogo, la mediación y la diplomacia, conforme a los principios del Derecho Internacional y al llamado de la Iglesia Católica a la paz”.