Los obispos catalanes han denunciado a través de un comunicado que “centenares de personas han quedado en la calle, a la intemperie, en pleno invierno, sin que se haya contemplado ni siquiera una ‘tregua invernal’ como se hace en otros países europeos”.
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Así lo refleja un comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense, apenas unas horas después del desalojo de la nave B9. “Nos interpela con urgencia como Iglesia y como sociedad”, expresan los pastores.
La mayor operación en Cataluña
Lo cierto es que los Mossos d’Esquadra desalojaron este miércoles el edificio del instituto B9 de Badalona, una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos que se quedan a la intemperie y sin solución habitacional en pleno diciembre. El desalojo, el mayor que se recuerda en Cataluña, según los sindicatos de vivienda, ha contado con un amplio dispositivo policial y se ha saldado con 19 detenidos (la mayoría por la ley de extranjería) y 181 personas identificadas.
“Estamos hablando de personas y por tanto rechazamos los relatos que las deshumanizan por el hecho de ser inmigrantes africanos, negros y pobres: esto es aporofobia y xenofobia”, expone los doce obispos catalanes, entre los que se encuentra el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, archidiócesis a la que pertenece Badalona.
Compromiso cristiano
“¿No son personas?”, se preguntan los pastores sobre los expulsados del recinto, que van más allá en sus preguntas: “Los cristianos, ¿no estamos llamados a ‘amarlos como a nosotros mismos’?”. “La respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia. Ante todo, hace falta una respuesta humanitaria inmediata. La situación exige también un análisis profundo de las causas que provocan estas realidades”, apuntan justo después.
A partir de ahí, en su nota hacen un llamamiento a la clase política: “Pedimos que se avance en la ley del sinhogarismo que hace meses se está tramitando con lentitud, ante un desafío que pide soluciones más ágiles”. “Hacemos un ofrecimiento y una llamada a las administraciones públicas competentes y a las entidades del tercer sector a abrir con urgencia una mesa de diálogo, con la participación de algunos representantes de los afectados, para encontrar una respuesta coordinada a corto plazo y una estrategia a medio plazo”, añaden.
En su escrito, los pastores también hacen hincapié en que la Iglesia “hace tiempo que señala un modelo alternativo e integral de gestión de la inmigración”. Para los obispos, “en ningún caso la solución pasa por claudicar del diálogo ni por enfrentar los ciudadanos precarizados”. “Busquemos caminos que garanticen derechos, seguridad y convivencia para ellos y para el conjunto de la ciudadanía”, rematan en su comunicado.