“Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución”. Así es la sentencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en una entrevista con La Vanguardia publicada hoy.

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El líder de los obispos españoles conversa con Enric Juliana y Susana Quadrado sobre la situación política y se expresa como ya hizo en julio pasado.

Entonces “me pronuncié en esos términos después de visitar el Congreso. Queríamos, con Cáritas, impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de migrantes, pero no prosperó. ‘La situación está bloqueada y sin perspectiva de que haya presupuesto’, se nos dijo por parte del grupo socialista. Hoy se confirma ese diagnóstico. La situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo dicho”.

Los periodistas, tras esta afirmación, hacen ver al pastor la importancia de estas declaraciones, inéditas en un presidente del Episcopado español. Y Argüello responde así: “En la historia de la Conferencia sí ha habido pronunciamientos fuertes: sobre el terrorismo, sobre la situación moral de la sociedad española, el aborto, la familia, el derecho a la educación… Y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades. El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto”.

¿Documento sobre la situación de España?

Preguntado por la posibilidad de que esta petición de elecciones se ponga negro sobre blanco en un documento colegial, el presidente de los obispos escora la posibilidad, porque “no es un asunto que haya estado nunca en primera línea de nuestra reflexión como Conferencia, a diferencia de otras cuestiones como la vivienda o la inmigración”.

Incisivos, los entrevistadores le preguntan si está rompiendo la neutralidad política, sobre todo, teniendo en cuenta que no todo el Episcopado opinará como él. “No creo haber roto neutralidad alguna. A la pregunta de esta entrevista, respondo remitiéndome a la Constitución y a los mecanismos que esta prevé”, sentencia.

Luis Argüello, durante la Asamblea Plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal

Argüello responde también en esta entrevista eminentemente política sobre las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad. “Ya en julio, el ministro Félix Bolaños me expresó su malestar por carta. Luego pudimos hablar y clarificamos las cosas. En los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial”, sostiene.

Y continúa: “Muy a nuestro pesar, no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué”.

Acoger, proteger, promover e integral al migrante

Por otro lado, sobre el reciente pontificado, el presidente de los obispos españoles señala que “León XIV tiene la paz como el mayor impulso de su pontificado. También el diálogo. El Papa está, todavía hoy, más en una fase de escucha que de propuestas decididas”.

En relación al choque entre la Iglesia y Vox, autodenominado partido de los católicos, a causa de la realidad migratoria, Argüello confirma que la línea de los obispos no va a moverse de la marcada por Francisco y ahora por León XIV, porque “la afirmación de la radical dignidad de la persona es un principio innegociable”.

“Debemos defender el derecho de una persona a no tener que salir forzado de su propia tierra. Por tanto, la importancia de combatir las causas de las migraciones en su origen, ya sea por cuestiones de guerras o por cuestiones económicas. La Iglesia tiene claro también que no se puede traficar con carne humana y que hay que abordar la cuestión de las mafias. Pero la Iglesia dice, desde ahí, que, una vez que alguien está entre nosotros, hemos de acogerle, protegerle, promoverle, integrarle. Esto no excluye que el Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, pero teniendo en cuenta estos principios”, subraya.