“Estos actos constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional”. Con esta contundencia se expresa, José Leonardo Carta Tirado, canciller del gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén de la República de Venezuela, en relación al suceso que este miércoles 10 de diciembre ha padecido el cardenal emérito de Caracas, Baltazar Porras, de 81 años.
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En una carta dirigida a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y al Gran Priorato de la Orden en España, Carta Tirado denuncia “los graves atropellos sufridos en la mañana de hoy en el aeropuerto internacional de Maiquetía”. Las víctimas de estos hechos serían tanto el purpurado, que es protector espiritual del Gran Priorato, como José Antonio Rodríguez Rodríguez, Gran Prior de la Orden en Venezuela, y su esposa.
Retención injustificada
En la misiva se detalla que “funcionarios de la policía de inmigración retuvieron injustificadamente” a los tres ciudadanos. “Se procedió a la confiscación y anulación del pasaporte venezolano del Cardenal, impidiéndole abordar el vuelo pautado hacia Bogotá, con conexión a Madrid, donde debía participar en la solemne ceremonia de investidura como Protector de la Orden”, detalla el escrito.
Baltazar Porras en el Encuentro Taurino
Como consecuencia, se negó el embarque del cardenal, aun cuando presentó su pasaporte del Estado Vaticano, “emitido en virtud de su dignidad cardenalicia y con las prerrogativas diplomáticas que le corresponden como Príncipe de la Iglesia Católica, se le negó el embarque”.
Perros antidrogas
Es más, desde el Gran Priorato se describe el “trato humillante” al que fue sometido Porras, “incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje fue removido del avión”.
Tras esta exposición la realidad eclesial repasa de manera detallada los derechos vulnerados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Desde ahí, reclaman a la Secretaría de Estado del Vaticano que “eleve protesta formal ante las autoridades venezolanas por la violación de las prerrogativas diplomáticas” del purpurado.
De la misma manera, exige “la restitución inmediata de los documentos confiscados y la garantía de libre tránsito internacional para Su Eminencia, conforme a las normas internacionales vigentes”.
