“Calificar como intento de detención ilegal la adopción de las medidas judiciales de protección de personas discapacitadas indicadas (que no han podido ser llevadas a cabo, al menos según se deduce de la documentación presentada) resulta sencillamente estrambótico”. Esta es la contundente afirmación que realiza la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al desestimar la querella presentada por la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, contra la jueza encargado del caso del desahucio de las monjas cismáticas.
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La líder del grupo interpuso esa denuncia después de que la magistrada de Briviesca y la fiscal tomaran la decisión de que las cinco monjas ancianas fueran llevadas a otros monasterios de clarisas para ser atendidas por religiosas ‘auténticas’, dentro de las medidas cautelares de tutela para atenderlas, teniendo en cuenta su edad avanzada y su vulnerabilidad.
Ni prevaricación ni falsedad documental
El 1 de agosto se puso en marcha la correspondiente comisión judicial que no pudo ejecutar la misión encomendada, puesto que las monjas cismáticas se pusieron a que los emisarios de la jueza pudieran acceder al convento de Orduña después de habérselas llevado de Belorado.
Ahora la justicia certifica que no hubo secuestro alguno, tan solo un intento de traslado como medida cautelar para velar por las religiosas. Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ve ni prevaricación, ni falsedad en documento público ni impedimento de ejercicio de derechos constitucionales ni intento de detención ilegal, que eran los supuestos delitos que en la querella se imputaban a la jueza. “En momento alguno se han violado los derechos cívicos o constitucionales de las querellantes, sino que se ha buscado su protección, no se acredita falsedad documental alguna”, se puede leer en la sentencia.
Según ha confirmado ‘Vida Nueva’, las cinco ancianas continuarían residiendo en Orduña, mientras la comunidad cismática está dividida entre este convento, el de Belorado y el restaurante asturiano. De esta manera, se estaría impidiendo que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, pueda ejercer la tutela de las mayores, tal y como había determinado la jueza. De hecho, los planes del Arzobispado pasaban porque fueran atendidas por clarisas católicas de otros monasterios cercanos.

