La Iglesia y el Gobierno, a punto de aprobar una nueva vía para indemnizar a todas las víctimas de abusos

Después de varios años de algo más que desencuentros, la Iglesia y el Gobierno estarían a punto de cerrar un acuerdo con el fin de garantizar que todas las víctimas de abusos reciban una indemnización que cuente con su beneplácito, después de que algunas hayan mostrado su rechazo al plan de reparación eclesial.

Según ha podido confirmar Vida Nueva, es el principal avance de la reunión técnica mantenida este miércoles 29 de octubre en Moncloa entre representantes eclesiales y el equipo de trabajo designado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que además es el responsable de las relaciones con las confesiones.

Aunque a priori este encuentro había sido convocado por Bolaños, la agenda del político socialista le impidió estar presente en la cita. En su ausencia, pero con su beneplácito, se habrían dado pasos adelante en un asunto que el titular de Justicia ha asumido como propio.

Trabajo conjunto

Todos los presentes en esta particular ‘cumbre’ verían con buenos ojos la creación de una nueva vía para que pudieran acudir todas aquellas víctimas de la pederastia eclesial que hasta la fecha se han negado a ser atendidas en la comisión creada por la Iglesia para aplicar el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abuso, conocido como PRIVA. Este ente fue creado para abordar los casos cuyo abusador ha muerto o su caso ha prescrito para la justicia civil.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

A pesar de que ya son un centenar las víctimas que han acudido a este equipo de profesionales que están baremando cada expediente sin presión alguna de los obispos y de las congregaciones, desde la Iglesia serían conscientes de que ha despertado suspicacias entre algunos de los supervivientes. Es por ello que han mostrado su disposición a esta otra vía que pudiera generar más confianza en el colectivo y que se lleva trabajando desde marzo.

La única condición que los representantes eclesiales pusieron a este plan coordinado por Moncloa es que este supervisado por el actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La realidad es que está previsto que el Gobierno envíe un borrador de este plan al Episcopado antes de la Asamblea Plenaria de noviembre para que los obispos puedan dar su plácet.

Buena disposición

Desde un primer momento, tanto la Conferencia Episcopal Española (CEE) como la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) han respaldo el trabajo de Gabilondo, las conclusiones del informe que elaboró y la atención prestada a las víctimas. Esta apuesta por el Defensor del Pueblo estaría también bien vista por parte de las víctimas, pues Gabilondo goza de la credibilidad de las asociaciones.

Las fuentes eclesiales consultadas por ‘Vida Nueva’ valoran la buena disposición del equipo designado por el ministro en las tres reuniones técnicas mantenidas desde el pasado noviembre hasta hoy y dan por hecho que todo llegará a buen puerto.

El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello y José Cobo, saludan a las víctimas de abuso

La delegación eclesial que participó en esta nueva reunión estuvo encabezada por el secretario general de la CEE, César García Magán, y el secretario general de CONFER, Jesús Miguel Zamora, acompañados de los representantes de ambas instituciones en la comisión independiente creada por la Iglesia para aplicar el PRIVA: Cristina Guzmán y el salesiano Samuel Segura.

Por parte del Ejecutivo, asistieron el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo; así como la directora del Gabinete Técnico del Subsecretario, Paloma Martínez Aldama.

Pasado convulso

Lo cierto es que Bolaños siempre había cuestionado el sistema de indemnizaciones adoptado por la Iglesia española. Ya en julio de 2024, llegó a ‘amenazar’ por carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, para que diera marcha atrás o congelara el proyecto de reparación. A la vez, improvisó una reunión con algunas de las asociaciones de víctimas como acto de presión. El político socialista sostuvo que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” que no contemple el control del Estado.

Sin embargo, la Iglesia siguió adelante, constituyó la comisión y puso en marcha hace un año todo el proceso. En este tiempo, se han resuelto 39 de las 89 solicitudes recibidas, con cantidades de indemnización que van desde los 3.000 a los 100.000 euros.

Entretanto, ¿qué ha hecho el Gobierno? En el Consejo de Ministros del 23 de abril de 2024, se aprobó un ambicioso plan de reparación a las víctimas que incluía, entre otras medidas, un organismo estatal independiente, similar al eclesial, que determinaría la cantidad a pagar a través de un fondo que se nutriría a medias entre el Estado y la Iglesia. Dieciocho meses después, Moncloa no ha implementado ni esta medida ni las otras anunciadas como un acto público de reparación o el estatuto de las víctimas.

A esta sesión de trabajo Iglesia-Estado sobre la pederastia, se une la escapada del titular de Justicia cinco días antes al Vaticano. El pasado 24 de octubre, Bolaños aterrizó en Roma en un viaje de apenas unas horas para reunirse con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Sobre la mesa de esa cita entre Bolaños y el ‘primer ministro’ vaticano, en la que también participó la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, estaban la crisis de los abusos y la resignificación del Valle de los Caídos.