La Iglesia insiste: hay que aprobar la ILP para la regulación extraordinaria de migrantes

Desde 2021, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española vienen reclamando la aprobación de un procedimiento de regularización extraordinaria para personas extranjeras en situación administrativa irregular en España. Tras años de diálogo político, insisten en que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 700.000 firmas, es hoy “más urgente y necesaria que nunca”.

En la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa recordó que “nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad” y que la acogida y la inclusión de las personas migrantes son camino de paz y de bien común. También subrayó que, en un mundo herido por guerras e injusticias, los migrantes y refugiados son “mensajeros de esperanza” cuya presencia “debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina” para nuestras comunidades.

En la misma línea, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana afirmaron que “los migrantes están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país… Tengamos esa mirada abierta para percibir así su riqueza y aportación”.

Desde esa convicción cristiana y humanista, las entidades denuncian la exclusión que provoca la irregularidad administrativa y reclaman medidas que restituyan derechos básicos y favorezcan una convivencia justa y solidaria.

Proyecto con migrantes de la Diócesis de Tenerife

Más allá del nuevo Reglamento de Extranjería

El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, ha supuesto un avance positivo, pero deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que estas organizaciones acompañan diariamente: personas sin posibilidad de acreditar los dos años de residencia exigidos, indocumentados, personas con difícil empleabilidad (por edad, sinhogarismo, discapacidad o enfermedad crónica), trabajadores que no logran contratos formales por la lentitud administrativa, solicitantes de asilo rechazados y familias con hijos en situación irregular.

Por ello, Cáritas defendió ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso, el 18 de junio, que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible, “no un privilegio, sino un acto de justicia” para reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de nuestra sociedad.

Un consenso social amplio

La ILP de regularización ha cosechado un respaldo social transversal: movimientos ciudadanos, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Este consenso, subrayan, refleja la conciencia creciente de que la irregularidad administrativa no solo vulnera derechos humanos, sino que también erosiona la cohesión social. Por ello, desde el Grupo Eclesial de apoyo a la ILP, las entidades instan a los grupos parlamentarios a:

Recuperar el consenso en materia migratoria, lejos de la polarización y los discursos de odio.
Aprobar sin más dilaciones la regularización extraordinaria en trámite en el Congreso.
Garantizar que esta cuestión esencial quede al margen de cálculos políticos.
Escuchar el clamor de la sociedad civil, la Iglesia y los propios migrantes.
Y, en caso de no alcanzarse mayoría parlamentaria, exhortan al Gobierno a adoptar la medida en el ejercicio de sus competencias.

“La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social”, concluyen. “Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión”.