Vía libre de León XIV para continuar aterrizando la reforma económica de Francisco en lo que a la adjudicación de contratos públicos del Vaticano se refiere. Así se constata al dar luz verde al motu proprio ‘Para armonizar mejor’, con el que la Secretaría para la Economía busca aplicar tanto la constitución apostólica Praedicate Evangelium, que desarrolla la reforma de la Curia, como la carta apostólica aprobada en 2020 con el fin de incrementar la transparencia en materia financiera. Con este nuevo documento, el Papa agustino respalda y avala de alguna manera la gestión del español Maximino Caballero, prefecto económico de la Santa Sede, cargo que equivale a un ministro de Economía.
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Y es que, el articulado de la nueva normativa otorga a la Secretaría de Estado juega un papel determinante como órgano supervisor y también como agente sancionador en caso de que no se cumpla el proceso planteado. Así, a través de todos y cada uno de los supuestos que se exponen a lo largo de la legislación vaticana de estreno, se busca acabar con las asignaciones a dedo de los contratos de compra, esto es, con el tráfico de influencias y la malversación.
Proceso de selección
Además, el motu propio deja meridianamente claro que ningún ente vinculado de una u otra manera el Vaticano y a la Santa Sede puede saltarse los procedimientos de contratación o adjudicación establecidos. Además, se detalla de forma exhaustiva cómo ha de llevarse a cabo cualquier tipo de convocatoria, el proceso de selección, la publicación de los pliegos correspondientes, cuáles son las operaciones que han de presentarse de forma manuscrita y cuáles de forma digital…
Por ejemplo, en el caso de los procedimientos de compra centralizados, será la APSA quien los lleve a cabo, en tanto que es el organismo del Vaticano encargado de la gestión y administración de los bienes y el patrimonio económico de la Santa Sede. En todos los demás casos, la solicitud se presenta a la Institución que posee permanentemente el documento cuya exhibición se solicita.
Tribunal supervisor
En cualquier caso, se detalla cómo, antes de tomar cualquier decisión, debe llevarse a cabo la correspondiente evaluación del mercado y de los proveedores a través de un tribunal, así como el consiguiente control de facturas.
De la misma manera, el articulado del motu proprio también aborda los posibles conflictos de intereses y las incompatibilidades que puedan surgir en este tipo de contratos. Por ejemplo, se explicita que “los operadores económicos ofertantes declaran comprometerse, también en nombre y por cuenta de los demás operadores que participen conjuntamente en el procedimiento y por un período de cinco años desde la adjudicación de los mismos, no asumir ni celebrar contratos de colaboración de ningún tipo con los empleados de la entidad que lanzó la licitación”.
Valorar las candidaturas
En este tanteo de las empresas, se exige llevar a cabo un estudio sobre su volumen de negocios, relación entre activos y pasivos, cobertura de seguro contra los riesgos profesionales, acceso adecuado a formas de financiación bancaria o de otro tipo…
A la par, se contempla la cancelación y suspensión de cualquier tipo de operación por deficiencias en la prestación del correspondiente servicio, así como las pertinentes inspecciones y solicitudes de aclaración, o la modificación de contratos en el curso de la ejecución.
Transacciones inmobiliarias
Para no dejar margen a que se lleve a cabo operación alguna que quede al margen de la supervisión de la autoridad económica vaticana, se desarrolla incluso un proceso para compras de bajo valor y de “procedimiento de extrema urgencia”, que deberá documentarse “según los modelos adoptados y actualizado por la Secretaría de Economía”.
Además, se incluye un apartado centrado en las transacciones inmobiliarias en el que se explica, por ejemplo, que la tasación de los bienes será realizada por el personal técnico de la APSA.