Los miembros de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) y de la Coordinación Nacional de Pastoral Social (PSN) de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se manifestaron a partir de tomar conocimiento de una orden fiscal que permite el allanamiento de las tierras ancestrales de la comunidad indígena Mbya Guaraní de Huguá Po’i, en el departamento de Caaguazú (diócesis de Coronel Oviedo).
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En un documento conjunto recordaron los derechos constitucionales y preceptos legales que ampara a las comunidades indígenas. Asimismo, hablaron de la violencia con la que se dan estos desalojos: “De un tiempo a hoy, los allanamientos se convierten en inhumanos desalojos y despojos de las comunidades indígenas”. De este modo, alertaron que, frente al marco legal vigente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo del poder en la interpretación y aplicación legislativa, en perjuicio de los más débiles.
Puntualizaron los preceptos constitucionales y legales que acogen y garantizan los derechos de los pueblos indígenas con el objetivo de preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. (art. 63, CN).
Refiriéndose al art 64ª de la CN mencionaron el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida: “El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas”.
Asimismo, destacaron que el art. 64b, CN prohíbe la remoción o el traslado de su hábitat sin expreso consentimiento de los mismos. Y hay disposiciones del Capítulo II del Estatuto de los pueblos indígenas, sobre las tierras donde se asientan, entre otras disposiciones.
Reclamo
“Todas estas disposiciones normativas deberían ser tenidas en cuenta de manera irrestricta por los fiscales y jueces, prevaleciendo sobre otras disposiciones que atentan contra los derechos humanos básicos y el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas”, afirmaron las organizaciones eclesiales.
Para concluir, indicaron que la sociedad necesita confiar en la Justicia y las leyes del país. Agregaron que las comunidades indígenas tienen el respaldo de la Constitución Nacional y de las leyes, que las autoridades juran cumplir y hacer cumplir: “¡Háganlo! ¡Dios y la Patria se lo demandan!”, reafirmaron.
Se supo que, después de estas gestiones de los referentes de la Iglesia, se logró suspender el desalojo anunciado en la Comunidad Indígena Hugua Po’i.
