El Gobierno de Navarra ha anunciado que remitirá los expedientes de 53 víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia a la comisión creada por la Conferencia Episcopal, encargada de decidir sobre las posibles reparaciones económicas para las personas afectadas. La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Amparo López, ha explicado a los medios que la comisión del Gobierno ya ha reconocido a 35 víctimas y se encuentra gestionando otros 18 expedientes, de los cuales ocho están iniciados y diez aún en proceso.
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Este anuncio se ha realizado en el marco de una intervención de la consejera de Interior en el parlamento, en respuesta a una pregunta del grupo Contigo-Zurekin, en la que se hacía referencia a las declaraciones del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló. En ellas, el prelado se mostró abierto a la posibilidad de indemnizar económicamente a las víctimas de abusos, algo que se decidirá en la mencionada comisión de la Conferencia Episcopal.
El compromiso de la Iglesia
La consejera explicó que el compromiso del arzobispo fue comunicado al Gobierno de Navarra de manera “privada”, y subrayó la importancia de este paso, destacando que “reconoce el daño causado”. “Todo movimiento en ese camino por parte de la Iglesia es bienvenido”, señaló López, añadiendo que se considera “positivo” porque se alinea con el trabajo realizado por el Gobierno foral en el reconocimiento de las víctimas a través de su propia comisión sobre abusos sexuales en el seno eclesiástico. Además, en la citada comisión, también hizo hincapié en que el Gobierno de Navarra trasladará los expedientes de las víctimas a este organismo para que sean debidamente considerados en el proceso de reparación.
Amparo López reiteró el compromiso del Ejecutivo foral en la búsqueda de soluciones para las víctimas, subrayando que se seguirá avanzando en el reconocimiento y en la creación de un entorno seguro que facilite las denuncias y brinde un espacio adecuado para que las personas afectadas puedan expresar sus necesidades. Además, insistió en que se continuará con el proceso de reparación de forma abierta y flexible, priorizando siempre las necesidades de las víctimas y asegurando un acompañamiento personalizado.
Reparación integral a las víctimas
Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, celebró que la Iglesia se abra a la posibilidad de indemnizar a las víctimas, pero destacó que la reparación no debe limitarse a una compensación económica. “La reparación no es solo una indemnización económica, sino el reconocimiento público del daño causado”, señaló Garrido, quien subrayó que el proceso de reparación debe llevarse a cabo con la participación activa de las víctimas y teniendo en cuenta a todos los agentes involucrados.
El parlamentario también resaltó que el Ejecutivo foral no debe “hacerse a un lado” en este proceso y debe garantizar que las víctimas sean escuchadas y que la reparación sea real y efectiva. En este sentido, llamó a la Iglesia y al Gobierno a culminar este proceso de reparación de manera satisfactoria, asegurando que sea integral y abarque todas las dimensiones del daño causado.