A través de un comunicado, la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga y Melilla expresa su “preocupación” ante “la situación que se está viviendo actualmente en las puertas del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, debido a la denegación de entrada y acogida a un grupo de personas que han manifestado su deseo de solicitar asilo en España”.
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Concretamente, se trata de 14 personas. De ellas, cinco son jóvenes de Malí y, el resto, incluidas cuatro mujeres, provienen de Venezuela y Colombia. La consecuencia es que, “atrapados” todos ellos en la ciudad autónoma española en su camino migratorio hacia la península, ahora mismo están “en situación de calle”.
Cambio en el sistema
Todo podría deberse “al cambio en el sistema de citas de asilo”, que “antes era presencial y ahora se realiza de forma telemática”. Pero la realidad es que “los solicitantes obtienen un resguardo de cita que el CETI no está admitiendo como manifestación de voluntad, en contra del criterio expuesto por parte de las autoridades policiales competentes”.
Una “falta de coordinación entre Administraciones” que “está provocando la vulneración del derecho al asilo y una deshumanización de nuestras instituciones”. En este sentido, urge una respuesta, pues, sin un lugar donde cobijarse, han “improvisado un pequeño asentamiento en las inmediaciones del CETI, sin ningún tipo de asistencia, ni acceso a los servicios mínimos. Algunas de ellas requieren asistencia médica”.
Condiciones dignas
Desde la Iglesia malagueña y melillense, “queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a estas personas, que merecen ser atendidas en condiciones dignas mientras formalizan su solicitud de asilo. Nos preocupa muchísimo la falta de respuesta por parte de la Administración, que tiene el deber de coordinarse con todas las autoridades competentes e incluso permitir y fomentar la cooperación ciudadana, para evitar que se den estas situaciones injustas y contrarias al bien común”.
Y es que “es deber del Estado garantizar el ejercicio de los derechos humanos, armonizando con justicia los diferentes intereses sectoriales y no impedir su ejercicio con ocasión de mayores trabas burocráticas”.
Como destacan los medios locales, nueve de estas personas llevan en esta situación desde el 27 de febrero. El 3 de marzo se les añadieron otras cinco. El propio presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, ha atacado al Gobierno nacional, del PSOE, al considerarle culpable (por corresponderle las competencias en la materia”) de una “decisión inhumana” por la que estos solicitantes de asilo permanecen “abandonados en la calle”.
