El cardenal Juan José Omella no comparecerá el 29 de enero ante la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia impulsada por el Parlament de Catalunya. Sin embargo, el arzobispo de Barcelona pone a disposición de esta toda la documentación relativa a los abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial en toda España.
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En una carta dirigida a la presidenta del Parlament, Anna Erra, el purpurado acusa recibo y excusa su participación como testigo justificando que se trata de una decisión colegiada. “Manifestando un absoluto respeto tanto a su presidencia, como al Parlament y al pueblo de Cataluña que estatutariamente representa, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense hemos acordado, de forma unánime y expresa, que no comparezca en la sesión de la Comisión de Investigación para la que he sido convocado”, detalla.
Omella fue citado el 27 de marzo del pasado año a pasar por la Comisión –creada el 27 de abril de 2022– a la que ya han aportado su testimonio varias víctimas, expertos en el acompañamiento, miembros del ámbito judicial y periodistas. En total, un centenar de voces en un listado que salió adelante con los votos a favor de ERC, Junts, comuns y CUP, y el voto en contra de PSC-Units.
Junto al cardenal, la comisión también ha llamado ese mismo día al vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia; al vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes; al abogado y representante de la Oficina para la prevención y la protección de abusos de la Archidiócesis de Tarragona, Carles Ferrer; y al presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno. Para el 5 de febrero, también se habría citado al prior de la Abadía de Montserrat, Bernat Juliol y al secretario general del Obispado de Vic, David Gómez.
El Constitucional señala que no es obligatorio comparecer
El cardenal, para excusar su asistencia, cita en su misiva una sentencia del Tribunal Constitucional posterior a su convocatoria en la que se recuerda que a las cámaras “ni les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados, ni llevar a cabo imputaciones o determinaciones personales sobre la autoría de comportamientos ilícitos”.
Y que la “atribución de comportamientos ilícitos merecedores de pena o sanción” está reservada a “los jueces y tribunales del orden penal en el ejercicio de la función jurisdiccional o a los órganos de la Administración en cada caso titulares de la potestad sancionadora”.
Asimismo, el mismo Constitucional señala que la obligatoriedad de comparecer en las cámaras “solo es predicable respecto de aquellas cuestiones que puedan ser objeto de investigación parlamentaria”.
Defensor del Pueblo, Cremades&Calvo Sotelo y ‘Para dar luz’
En su explicación, el también presidente de la Conferencia Episcopal Española recuerda al Parlament que el Congreso de los Diputados ya pidió en marzo de 2022 al Defensor del Pueblo una investigación a este respecto, cuyo resultado, ‘Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el Papel de los Poderes Públicos’, fue presentado en octubre de 2023.
En esta investigación ya colaboraron las 70 diócesis españolas y las congregaciones religiosas. De hecho, Omella les recuerda que el informe de Ángel Gabilondo “analiza los supuestos producidos en Cataluña donde la Comisión Asesora realizó cuatro viajes y entrevistó a 53 personas”.
Omella, que pone a disposición de la Comisión del Parlament toda la documentación publicada, también cita en su carta la auditoria elaborada por el despacho Cremades & Calvo Sotelo con fecha 15 de diciembre de 2023 y el Informe ‘Para dar luz’ elaborado de forma simultánea por la propia Conferencia Episcopal Española.
Una Comisión rodeada por la polémica
La comisión antiabusos catalana ha estado rodeada por la polémica tanto en su constitución como en su desarrollo. Y es que, según pudo confirmar ‘Vida Nueva’, más allá de analizar la responsabilidad y gestión de la Iglesia ante la crisis de los abusos sexuales, este instrumento de control se habría utilizado también como arma política arrojadiza.
Así, de manera indirecta, algunas fuerzas independentistas habrían llegado a presionar al entorno del cardenal con exonerarle de sentarse en el Parlament para someterse al correspondiente tercer grado si ofrecía algún gesto significativo a la causa independentista. Sin embargo, el estilo Omella, que pasa por evitar que la Iglesia se vea embarrada por el debate partidista sea del signo que sea, le habría llevado a hacer caso omiso a cualquier tipo de peaje o negociación al respecto.
Por otro lado, las propias víctimas han cuestionado el verdadero interés de los políticos por la pederastia eclesial. El pasado abril, durante una de las sesiones, uno de los supervivientes llegó a decir: “¿Qué espero de esta comisión? Que dejéis el móvil y nos escuchéis”.
