La investigadora nicaragüense en el exilio, Martha Molina, aseguró que, debido a que el gobierno de Daniel Ortega no ha podido callar a los sacerdotes, “ni la Iglesia Católica se ha prestado al juego de la dictadura”, entonces el régimen sandinista ha pasado a otra etapa, que consiste en la aniquilación por completo de la institución.
- PODCAST: El voto católico en las elecciones
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
“Tienes que desaparecer a todos tus enemigos, que, en este caso, para la dictadura sus enemigos son los sacerdotes y obispos, para que ya no haya ningún espacio que se oponga a lo interno del país; en este caso, el gran estorbo es para ellos la Iglesia Católica”, añadió Molina.
La abogada católica, autora del informe ´Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?´, fue entrevistada por el portal argentino Infobae, a quien subrayó que el inicio del bloqueo de cuentas bancarias, por parte del gobierno en contra de la Iglesia, se trata de una persecución que sobrepasa cualquiera que se haya hecho en Cuba o Venezuela.
Aseguró que su trabajo de investigación busca exponer todas las agresiones que ha sufrido la Iglesia, para que en un futuro los jóvenes sepan qué fue lo que sucedió, y traten de “no repetir las mismas arbitrariedades”.
Control absoluto del gobierno hacia la Iglesia
La investigadora explicó que, en un primer momento, las agresiones del gobierno contra la Iglesia buscaban “sembrar miedo en los sacerdotes y en los laicos para que dejaran de apoyar la lucha a favor de los derechos humanos y proteger la vida”.
Ahora -continuó-, la dictadura está coartando los derechos de libertad religiosa y toda la vida pastoral se encuentra perjudicada.
“Estamos en un país donde no existe la ley, donde no hay divisiones de poderes, donde reina la impunidad; no existe la institucionalidad, y tenemos a una dictadura que está presente en todo el territorio. Entonces la dictadura está atacando no solamente a una diócesis o a un grupo específico, sino que a toda la Iglesia en general”.
“No hay manera de que una parroquia quede libre de esto, sino que a todas en general las está atacando, las está persiguiendo, las está vigilando, y lleva un control absoluto de todo lo que hacen. Y cada vez que pueden, están agrediéndola de una u otra forma, haciendo uso de las profanaciones, de los robos, de las alteraciones de los recibos de energía eléctrica, de agua potable“, añadió Molina.
Al ser cuestionada sobre la acusación contra la Iglesia de ‘lavado de dinero’, argumentando el hallazgo de bolsas con miles de dólares, la investigadora explicó que la policía sí pudo haber encontrado dinero, pero este “no procede de ‘lavado de dinero‘ ni del financiamiento al terrorismo ni el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Es dinero lícito que entra de los aportes de los laicos, o también de los aportes que hacen las instituciones internacionales que cooperan con la Iglesia católica”.
Para la investigadora, la dictadura “tiene un laboratorio para estar creando maldades y hacerlas reales, y en esta ocasión, encontraron el tema de ‘lavado de dinero’, con el cierre de organizaciones sin fines de lucro como Cáritas, como el momento preciso y adecuado para hacer este tipo de acusación, tipificándolo con uno de los peores delitos, perseguido a nivel internacional, como es en lavado de activos”.
El silencio orante del cardenal Brenes
Martha Molina responsabilizó al gobierno de llevar a cabo profanaciones en los templos que, por lo general, “no son mal vistas por toda la gente. O sea, para nosotros los católicos una profanación es como que nos maten a alguien de nuestra familia. Es algo doloroso. Pero para otra persona posiblemente no. Puede decir, solamente botaron una hostia, y eso no le hace daño a nadie”.
La dictadura va escalando -apuntó- y “pasó a los robos, a las pintas, a los mensajes de odio y a los cierres de universidades, y así sucesivamente hasta llegar a este extremo de congelar las cuentas bancarias de las diócesis, que es algo nefasto. ¿Cómo se van a mantener las diócesis? El mundo se mueve con dinero. Las parroquias tienen que pagar todos sus servicios básicos. Los colegios parroquiales tienen compromisos con el personal administrativo, y entonces la están obligando a una muerte financiera”.
En cuanto a las reacciones del cardenal Leopoldo Brenes ante estos hechos, Molina subrayó: “aunque el cardenal no ha sido en ningún momento frontal contra ellos, no descarto que también sea llevado ante los tribunales. En la misma nota de prensa (de la Policía) a quien están mencionando es a él, el que tiene que dar respuesta es él y quien va a ser condenado y juzgado posiblemente también sea él”.
Para Molina, el cardenal Brenes no tiene por qué dar respuesta por lo que sucede en otras diócesis, “pongámosle a la altura de la arquidiócesis de Managua, que es la única jurisdicción donde él tiene un poco de potestad”.
Por último, si bien la investigadora consideró que el cardenal Brenes no ha estado a la altura de las circunstancias que vive el país, reconoció que no todas las personas son iguales.
“Unos obispos optan por denunciar las arbitrariedades, otros obispos optan por el silencio. A lo mejor su estrategia es el estar orando en silencio, en su habitación, encerrado. No quisiera yo estar sinceramente en los zapatos del cardenal Leopoldo José y creo que a él le ha hecho mucha falta escuchar la voz de las personas que puedan darle consejos”.
