Recientemente inició en la Cámara de Diputados de México el análisis de la Reforma Constitucional en materia Electoral, que es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cual se prevé sea votada en este mes de noviembre.
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Respecto a dicha iniciativa, el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación, pues, “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país”.
La CEM, que preside el arzobispo Rogelio Cabrera, aseguró que se trata de una reforma que está destinada a “afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
El debilitamiento del INE y el TEPJF
Para los obispos, ningún ciudadano y menos los gobernantes “que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.
El episcopado mexicano considera que el INE ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, lo que ha permitido, durante los últimos 25 años, la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.
“Prudencia legislativa y compromiso del gobierno”
Tras señalar que tanto el INE como el TEPJF son resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, los obispos dijeron estar unidos “a los millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional”.
Asimismo, exhortaron respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que “asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México”.
Los obispos apelaron a la “prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico”.
La defensa de nuestras instituciones electorales -dijeron- es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. “Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
