El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha publicado el anexo de cifras oficiales de su informe anual ‘Territorio Hostil’ sobre CIE del año 2021. “Cabe señalar que el Ministerio de Interior ha entregado de nuevo las cifras requeridas fuera del plazo estipulado (con más de seis meses de retraso), de forma parcial y solo tras varias reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, denuncia la ONG de la Compañía de Jesús.
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Por otro lado, el SJM señala que el número de internamientos, así como de repatriaciones ejecutadas desde CIE, “sigue disminuyendo año tras año”, principalmente por “el impacto de la Covid-19”, ya que ha provocado que se limiten las plazas en prevención de los contagios. También el “cierre de fronteras e imposibilidad de readmisión de repatriaciones” han jugado un papel esencial.
Tal como señala el SJM, del total de salidas desde CIE en 2021, “apenas el 48% fueron finalmente repatriaciones forzosas a países de origen, un porcentaje inferior al de 2020 (56%), 2019 (cerca del 60%) o 2018 (56%)”. El resto de personas “no fueron finalmente repatriadas por diferentes motivos, lo que revela numerosas circunstancias de vulnerabilidad (menores, víctimas de violencia, solicitantes de asilo…) que deberían haber impedido su ingreso” en estos centros. Por ello, el SJM insiste en que “la medida cautelar de internamiento supone una decisión injusta, ineficaz y desproporcionada”.
Cierre de los CIE
“Si se tiene en cuenta una perspectiva amplia de la realidad migratoria en España, se aprecia que el sufrimiento infligido en los CIE es perfectamente prescindible”, asegura la Compañía de Jesús. “927 personas fueron repatriadas de manera forzosa desde estos centros”, explica. “Esta cifra supone el 26% del total de repatriaciones ejecutadas en 2021 y es insignificante al lado del total de 41.945 entradas de forma irregular a territorio en todo el año”.
“El 71% de internamientos se debe a procesos de devolución, la mayoría por entrada de forma irregular por patera. Llama la atención, sin embargo, que solo el 17% de las personas con esta casuística sea efectivamente repatriada, lo que revela la injusticia de la arbitrariedad del internamiento y la imposibilidad de cumplir la ley tal y como está redactada”, asevera la organización.
“Lejos de proteger a personas vulnerables, continúa el internamiento de aquellas que no deberían verse sometidas a dicha medida de privación de libertad, como menores de edad o aquellas con perfiles de protección internacional”, continúa, subrayando que “especialmente grave es el internamiento femenino: ocho de las 17 ingresadas solicitaron protección internacional, siendo la mitad de las peticiones admitidas a trámite, lo que pone de manifiesto la sinrazón de la privación de libertad de mujeres”.
“Los datos oficiales nos permiten confirmar con mayor contundencia que la detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros está sujeta a una gran arbitrariedad administrativa, provocando un trato discriminatorio y lesivo para los derechos de las personas extranjeras que se ven afectadas”, concluye el SJM, que pide nuevamente “el fin de los internamientos, el cierre de todos los CIE y la apuesta por alternativas de acogida e integración que permitan apostar por la dignidad y el respeto a los Derechos Humanos”.
