Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, centro de Venezuela, demandó al sacerdote jesuita, Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por denunciar ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía de este estado.
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Junto al presbítero, también quedó bajo amenaza Marino Alvarado, defensor de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, quienes presentaron el informe Lupa por la vida, en el que denuncian que 221 personas han sido ejecutadas por la Policía en Venezuela siendo “la más letal, la policía de Carabobo”.
Por ello, los abogados de Lacava presentaron una acusación formal en contra del cura y el activista que pudiera llevarlos a prisión, bajo el argumento de “crímenes de odio”.
“La policía del Estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava” Marino Alvarado desde presentación Informe 2021 #LupaPorLaVida https://t.co/dG36m4FDOk
— PROVEA (@_Provea) March 14, 2022
Fiel a sus principios
Desde sus redes sociales, Infante ha expresado que se siente “en paz con mi conciencia, con Dios y el país. Fiel al mandamiento sagrado: No matarás”.
Asegura que “desde Lupa por la Vida (Alianza entre el Centro Gumilla y Provea) no hemos hecho otra cosa que defender el derecho a la vida, especialmente de los jóvenes de nuestros barrios que son víctimas de una alta letalidad por parte de los operativos policiales”.
“El Señor Marino Alvarado y mi persona hemos exigido se investigue las elevada cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 1414 en 2021, todas de jóvenes de sectores populares. Si calláramos esta injusticia y el dolor de tantas madres, estaríamos en pecado mortal. Es, pues, también, un asunto de conciencia y de fe”, acotó.
Foto: Centro Gumilla
