La guerra de Ucrania no han tardado en notarse en los hogares españoles, principalmente por el encarecimiento de productos de primera necesidad. Ante esta situación, Cáritas Española ha entregado al Gobierno una serie de propuestas en víspera de la reunión del Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania.
- PODCAST: Reformas integrales en la Curia
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
“El Plan de Respuesta y las medidas que se adopten deberían tener presentes a las personas más vulnerables, que venían de una situación ya muy dura”, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. Según el informe Foessa ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6% en 2018 al 12,7% en 2021, alcanzando, así, a más de seis millones de personas. “Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse”, recuerda Abril.
Entre las nueve propuestas de Cáritas Española se encuentran:
1. Ingreso Mínimo Vital.
Ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital para llegar a todas las personas en situación de pobreza severa que, por la extensión de la unidad de convivencia, por estar algunos de sus miembros en situación irregular o por ser menores de 23 años, entre otros motivos, se ven excluidas de esta prestación.
2. Migraciones.
Adaptar el reglamento de extranjería a la reforma laboral, modificando las autorizaciones de residencia para dotar de la misma estabilidad documental que se pretende con el fomento de la contratación indefinida, evitando el impacto negativo de la irregularidad sobrevenida.
3. Vivienda.
Mantener las medidas adoptadas en el contexto de pandemia a través del escudo social (mantenimiento de la prohibición del corte de suministros más allá del 30 de junio; suspensión de desahucios más allá del 30 de septiembre y recuperar la prórroga de los contratos de alquiler).
4. Administración electrónica.
Habilitar los medios públicos necesarios para que las personas puedan acceder de forma accesible a la Administración Pública y a las medidas que se establezcan en el plan de respuesta. Según datos del informe Foessa, 800.000 familias han perdido derechos debido a la brecha digital siendo la pérdida de oportunidades cinco veces mayor en las personas en situación de exclusión.
5. Prestaciones y subsidios por desempleo.
Incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo a partir del día 181 de percepción o anular la reducción del 70% de la base reguladora al 50%; modificar el porcentaje de la cuantía máxima de la prestación por desempleo para los desempleados que tengan hijos a cargo o familiares dependientes; desligar los porcentajes de las cuantías a percibir del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y ligarlas al SMI (Salario Mínimo Interprofesional); añadir complementos para personas beneficiarias del subsidio por desempleo con menores a cargo, entre otras medidas.
6. Subsidio por nacimiento no contributivo.
Modificar y reducir para que sea menor el colectivo de mujeres que perciban el subsidio especial por nacimiento (no contributivo) y puedan acceder al contributivo. En el caso del subsidio especial por nacimiento, aumentar la duración de la prestación, aumentar la cuantía y ampliarlo a toda mujer que esté inscrita como demandante de empleo.
7. Subsidio por incapacidad temporal a trabajadores a tiempo parcial.
Incrementar la cuantía de la prestación a percibir y establecer el cobro de la misma desde el inicio del reconocimiento.
8. Prestaciones por desempleo de personas trabajadoras del hogar.
Puesta en marcha de la prestación o cobertura por desempleo, en igualdad de condiciones que el resto de las personas trabajadoras, en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
9. Pensiones no contributivas.
Aumentar el límite de carencia de rentas o ingresos del pensionista y aumento del importe de ayuda para el pensionista que acredite carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada. Establecer otro complemento de carácter energético/suministro.
