El Gobierno no considera ilegal la presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos

  • La Asociación de Memoria Histórica había denunciado ante la Fiscalía la permanencia de los monjes
  • El Ministerio Público se limita a trasladar a Patrimonio Nacional el escrito y no actuará

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó el 4 de febrero una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que advertían que los benedictinos del Valle de los Caídos residen allí desde octubre “de forma ilegal”. Sin embargo, fuentes gubernamentales han precisado a Europa Press que la razón esgrimida no es correcta y que la futura Ley de Memoria Democrática, que está pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso de los Diputados, regula la presencia de los monjes en Cuelgamuros.



De hecho, el propio Ministerio Público se ha limitado a trasladar el escrito de la ARMH al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y no actuará. Una decisión que no ha gustado a la Asociación. Su presidente, Emilio Silva, ha lamentado que “la Fiscalía no haya querido ejercer un proceso pese a la ilegalidad manifiesta y la obligación que tiene de velar por la legalidad” que, a su juicio, “está siendo clara y notoriamente vulnerada por los monjes y por el Gobierno que no los expulsa del Valle”.

Según indicaba el escrito, en octubre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Régimen Jurídico del Estado, que entró en vigor un año después y que “señalaba la fecha del 2 de octubre de 2020 como fecha límite para que se extinguieran de forma automática todos aquellos convenios que no hubieran sido renovados por el Estado desde su entrada en vigor”. “Y como Patrimonio Nacional no ha creado un nuevo convenio, los monjes llevan residiendo en el Valle de manera ilegal desde hace casi cinco meses”, aseguraban desde la Asociación.

Enfado en la ARMH

La Fiscalía General del Estado ha comunicado a la ARMH que ha recibido su escrito, le agradece la información remitida e indica que “se da traslado a Patrimonio Nacional, al considerar que este organismo tiene las competencias para ejercer, en su caso, las acciones legales y administrativas que se entiendan procedentes conforme a Derecho”.

“Nosotros ya remitimos a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la documentación por registro oficial y no fuimos a la Fiscalía para que actúe como un servicio de mensajería, sino para que persiga el incumplimiento de la ley”, ha criticado Silva.

Como ya anunció Calvo en septiembre, se va a “resignificar el Valle de los Caídos” para convertirlo en un cementerio civil”. “La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente, no está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle y, entre tanto, hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle”, subrayó Calvo entonces.

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