El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana han mostrado su disconformidad ante el fallo del Gobierno en favor de la Iglesia en cuanto a las inmatriculaciones. Así, el consistorio ha afirmado que ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, mientras que el gobierno autonómico ha asegurado que trabajará para “devolver” esos bienes a “la ciudadanía valenciana”.
El informe del Gobierno, que se hizo público ayer, 16 de febrero, concluye que no hay irregularidades en los bienes inmatriculados por la Iglesia. La vicepresidenta Carmen Calvo, presentó el listado ante el Consejo de Ministros el listado, que incluye 20.014 templos de culto y 14.947 viviendas, locales, solares y similares. En total, 34.961 inmuebles inmatriculados por las 40.000 instituciones de Iglesia que tenían potestad para hacerlo.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia ha pedido este informe, tal como ha anunciado en un comunicado, recogido por Europa Press, el alcalde, Joan Ribó, en el que subraya que no descarta iniciar “los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal”.
Recuperar los bienes
Ribó ha señalado que el conocimiento de la lista de bienes inscritos por la Iglesia, “mediante una ley absolutamente intolerable que Aznar hizo en su día”, ha permitido que la Iglesia pudiera inmatricular “sin control público adecuado”. Por ello, el Ayuntamiento se dispone a estudiar el patrimonio por si existiera algún bien de carácter municipal. En este caso, el alcalde ha subrayado que se pondrán en marcha “los procesos legales correspondientes para recuperarlos”. Sin embargo, ha concretado que “no se trata de los bienes de culto“, sino de las “propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia”.
Por su parte, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha asegurado que desde el Gobierno valenciano se trabajará para que “los bienes públicos expoliados por la Iglesia católica retornen a la ciudadanía valenciana”.
El parecer de la Comunitat
“A partir de ahora vamos a averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para las arcas públicas que es donde siempre debieron estar”, ha explicado Pérez Garijo. Para ello, en primer lugar, la Conselleria de Calidad Democrática “pedirá al Gobierno central que detalle cuáles de los 912 inmuebles autocertificados por la Iglesia católica en la Comunitat Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público”.
Asimismo, ha recordado que en enero de 2020 “se solicitó al Ministerio de Justicia un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público”.
