Cáritas diocesana de Madrid, junto a la parroquia Santo Domingo de la Calzada, lleva a la Fiscalía General del Estado los cortes de luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. La entidad eclesial pide a la fiscal su visita al lugar y que “ordene tomar medidas para proteger a los 1.800 niños” y las 1.200 familias que llevan casi tres meses viviendo sin electricidad –83 días–.
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El brazo social de la Iglesia denuncia esta “grave situación” que impide el uso de electrodomésticos como calefacciones, lavadoras o frigoríficos, lo que conlleva una pobre alimentación, falta de higiene –cuando se hace más necesario que nunca en medio de la pandemia del coronavirus– y el riesgo de enfermedades derivadas de las bajas temperaturas.
Del mismo modo, Cáritas alerta de posibles problemas de salud mental, puesto que “trastornos de ansiedad o depresivos pueden aparecer o empeorar por la situación de aislamiento social y por la interferencia en las actividades cotidianas, familiares y laborales secundarias a la falta de suministro eléctrico prolongado”.
Exigen un plan de emergencia
Por otro lado, la entidad manifiesta que la falta de suministro tiene como consecuencia directa la vulneración del derecho a la educación. “Nos encontramos en una situación de pandemia en la que prima la formación on-line. Los niños y niñas de la Cañada Real no están siendo capaces de mantener estos procesos de formación por la falta de suministro eléctrico y por no acudir a las clases por la vergüenza que provoca el no poder ir aseados”, recalcan.
Asimismo, Cáritas se pone a disposición de las autoridades para apoyar y colaborar, pero exige a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno que restablezcan el suministro, que creen una hoja de ruta para acelerar los realojos de las familias y que establezcan un plan de emergencia que dé una respuesta rápida hasta que finalicen los cortes de luz a las diferentes situaciones de necesidad de las familias.
