¿Bloqueo o ineficiencia? Son las dos tesis que cada uno de los sectores políticos manejan para justificar la actual situación de Venezuela. Para responder a la pregunta inicial, Vida Nueva consultó a Tulio Álvarez, profesor derecho procesal y derecho constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) desde 1983.
- DOCUMENTO: Texto íntegro de la encíclica ‘Fratelli Tutti’ del papa Francisco (PDF)
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos de la revista en tu email
El académico ha asegurado que “la generalidad de las sanciones que han impuesto EEUU y la Unión Europea son de carácter individual aplicables a funcionarios gubernamentales del régimen de Maduro” y “muy particularmente el congelamiento de bienes o la verificación de sus transacciones”.
Una crisis previa a las sanciones
Álvarez ha señalado que “la manipulación del régimen llega al punto de alegar que la escasez en Venezuela es causa de unas supuestas sanciones contra el país”, entonces “resulta que tal situación de carencia es previa inclusive a las sanciones individuales impuestas a los funcionarios”.
Además “alegan una situación de desabastecimiento de combustible en un país petrolero, sin mencionar que la destrucción de PDVSA se origina en la primera década de este siglo”, por tanto “la evidente complejidad de la sistemática anticorrupción se potencia por la acción individual de Estados e, inclusive, organizaciones sin carácter gubernamental o estatal”.
Nuevas formas de crímenes
El experto aprovechó para mencionar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Emergencias Nacionales que EEUU aplica para “verificar el impacto de la acción particular de los Estados cuando evalúan que la corrupción pone en riesgo su seguridad nacional y su política exterior”.
“Lo que originariamente estaba conceptualizado como un tema de corrupción termina convertido en un riesgo a la seguridad nacional bajo la premisa de la intoxicación del sistema financiero americano”, acotó.
Estos dineros sucios “provenientes de la corrupción, prácticas confiscatorias contra empresas norteamericanas, vinculación con carteles del tráfico de drogas y el terrorismo” terminan convertidos en una nueva forma de crimen amparado por la complicidad de Estados como Venezuela.
Un nuevo modelo de autoritarismo
El especialista señala que “en América Latina se viene manifestando el esquema depredador asociado a un nuevo modelo de autoritarismo que utiliza los propios mecanismos democráticos para anular la forma democrática”.
En efecto “este esquema se potencia en economías donde la corrupción se convierte en el estándar y en países en los que se produce un proceso de legitimación cultural de la corrupción”.
De hecho “el argumento genérico de las dictaduras es que las sanciones castigan al pueblo, pero la violación de los derechos humanos deriva directamente de la acción de esos regímenes”, aunque “con Venezuela no se han aplicado acciones más contundentes, como se hizo en Proceso de Kimberley”.
Corrupción generalizada
“Solo para ejemplificar, el Congreso Mundial del Diamante, reunido el 19 de julio de 2000 en Amberes, decidió impedir la comercialización internacional de los diamantes no certificados extraídos en Liberia y Sierra Leona”, ha dicho Álvarez.
Esto en su momento representó un esfuerzo para “cortar el financiamiento de los conflictos armados con los recursos provenientes del tráfico ilícito de diamantes en bruto”.
Toda esta situación de corrupción generalizada es lo que “sostiene al régimen de Maduro” y que al imponer sanciones contra estos delitos como lavado de dinero o a transacciones de empresas públicas a cargo de militares corruptos “se trastorna la economía” basada en esta distorsión
Inclusive se debe indicar que “esa economía ha sido destruida por el régimen de Chávez y Maduro y no por sanciones que hasta la fecha han sido tímidas”.
Foto: EFE
