Desde hace unos meses, se vienen dando en el país, distintas usurpaciones de tierras. Estos reclamos para obtener un espacio para vivir fueron generando conflictos entre los distintos actores sociales.
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En el año 2005, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, manifestó en «Una tierra para todos», que “La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales”,
Los hechos, hoy
Durante esta jornada, se llevaron a cabo procedimientos policiales -no exentos de resistencia, demandas y violencia– para desalojar a los ocupantes, en cumplimiento con las acciones judiciales.
Coincidentemente, los miembros de la Comisión Ejecutiva consideraron esta situación “en estos días de extrema vulnerabilidad para el cuerpo social que conformamos”.
Expresaron que “se repite con dolorosa frecuencia la toma de tierras”, que mostraron la situación precaria de las familias que procuran un lugar para vivir. “… como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno”, afirmaron.
“Nada justifica la intrusión”
En el comunicado, la Ejecutiva recalcó: “Nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”.
También destacaron el inoportunismo de quienes se aprovechan de estas situaciones de necesidad de los más vulnerables “para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político”.
Mostraron preocupación ante la violencia que pudiera emerger en la resolución del conflicto, y que ponga en riesgo la vida de la gente.
Reclamo al Estado
Los obispos señalaron la necesidad de un Estado presente que ejecute políticas, en materia de vivienda y trabajo digno.
Además, pidieron a los gobiernos nacional, provincial y municipal velar por la seguridad de los habitantes y trabajar para desarmar las estrategias de quienes pretenden sacar ventaja de la situación.
Confían en la intervención de la justicia para evitar escaladas de violencia entre las partes, y en el diálogo con las autoridades para proponer alternativas a las familias más pobres que necesitan un lugar para vivir. “Nos conmueve la cantidad de niños implicados, ellos esperan una respuesta seria y rápida de nosotros los adultos”.
