Cáritas invirtió 45,8 millones de euros en programas de empleo en 2019. Así lo atestigua el Informe de Economía Solidaria 2019, bajo el título ‘Economía y Personas: Trabajar por lo que es justo’, que la organización eclesial ha presentado esta misma mañana junto a otro estudio de la serie ‘Focus’ de la Fundación FOESSA titulado ‘Vulneración de derechos: Trabajo decente’. Ambos enmarcados en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que hoy celebra y reivindica la Iglesia.
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En este sentido, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha pedido “una economía que ponga a la persona en el centro como condición indispensable para avanzar en el horizonte del trabajo decente”. “Proteger el derecho al trabajo decente precisa de un cambio de paradigma, pensar el trabajo desde las personas y no desde la dimensión puramente productiva y económica. Una sociedad que promueva el derecho al trabajo decente tendrá que plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo”, ha añadido.
Para Peiro, “las empresas han de comprenderse a sí mimas como agentes que se hacen cargo y cuidan de la sociedad a la que pertenecen y en la que operan, que es la única manera en que se puede generar no solo riqueza sino también valor social”. Por ello, ha lanzado “un llamamiento a la sociedad en general y a las empresas en concreto, para transformar elementos cruciales del mercado de trabajo, muchas de ellas vinculadas a una competitividad mal entendida que, en ocasiones, puede acabar ofreciendo unas condiciones laborales precarias para sus empleados”.
Así, la secretaria general de Cáritas ha invitado “tanto a empresas como a consumidores para que las primeras sean capaces de asentar su posición en el mercado y buscar su competitividad, sin cargar el coste de esta operación sobre los hombros de los trabajadores, junto a una actitud vigilante, comprometida y responsable de los consumidores que premie a las compañías que cumplen con los principios del trabajo decente”.
Las 70 Cáritas diocesanas ayudaron el pasado año a 15.368 personas a encontrar un trabajo en un mercado laboral que califican de “inestable” y “precario”, y en el que la Iglesia echa el resto para acompañar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad laboral. De hecho, 79.000 personas participaron el pasado año en las acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas.
La precariedad, enquistada
Esta precariedad denunciada por la entidad la explican con datos: el 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y de estos casi el 48,1% de los trabajadores tiene esta de forma indeseada; es decir, se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo. Así, la inestabilidad laboral grave afecta a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo, una realidad que afecta al 16,4% de las familias.
Con relación al trabajo en el ámbito doméstico, lo primero que destaca es que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras (sector altamente feminizado) realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.
Las dificultades para acceder a un trabajo decente son especialmente significativas entre las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres existe una importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.
Por su parte, la población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente al ser personas a quienes el marco legal empuja a una situación administrativa irregular y se ven obligadas a cubrir puestos de trabajo en la economía informal. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.
Este nuevo estudio de FOESSA pone de manifiesto que la vulneración de derechos en el ámbito laboral se están asentando en el mercado de trabajo español, lo que provoca que “una parte de los trabajadores se vean privados sistemáticamente del derecho a un trabajo decente”, como ha indicado el coordinador de Estudios de Cáritas, Raúl Flores.
“Nos encontramos ante un mercado laboral y una concepción del trabajo que no es capaz de asegurar a un elevado porcentaje de población ocupada el derecho a un trabajo decente y que, como consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda y a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de protección del Estado de bienestar estén reaccionando con la flexibilidad y la adaptación que la realidad requiere”, ha denunciado Flores.
El modelo de la economía social
En este escenario laboral en el que “nuestro modelo de sociedad parece seguir afirmando que el empleo es camino señalado para la integración social, pero vemos que su capacidad protectora es claramente insuficiente” es en el que Cáritas “sigue reforzando su apuesta por una forma de hacer economía en la que la persona y su dignidad, y las comunidades se encuentran en el centro”, ha afirmado el director de Acción Social de Cáritas, Francisco Lorenzo.
No obstante, esta opción por un modelo inclusivo del empleo arroja resultados concretos y positivos año tras año. Así lo confirman los datos del Informe de Economía Solidaria 2019, que muestra cómo el pasado año se realizaron 1.057 acciones formativas, por las que pasaron 16.276 personas; 29.755 personas fueron atendidas por los servicios de intermediación laboral; y 689 personas participaron en acciones de autoempleo, entre otros datos.
Además de apoyar a las personas para que encuentren un puesto de trabajo en el mercado laboral, en Cáritas también se promueven iniciativas capaces de generar empleo a través de las empresas de inserción, que son iniciativas sin ánimo de lucro donde más de la mitad de los trabajadores son empleos de inserción.Cáritas cuenta en España con 73 iniciativas de economía social, que suponen un total de 1.787 puestos de trabajo, de los que 985 son empleos de inserción por los que pasaron 1.353 personas en 2019. Gracias al impulso a la empleabilidad de estas empresas de inserción, 287 personas han encontrado empleo en el mercado normalizado.
Otro ámbito estratégico de la acción de Cáritas en el marco de la economía solidaria es su apoyo al comercio justo, que se concreta en una red estatal integrada por 33 tiendas y 114 puntos de venta, que el año pasado facturaron casi 582.000 euros. Además, se llevaron a cabo 520 acciones de sensibilización entorno al consumo responsable, el comercio justo y las finanzas éticas. Todo este trabajo a favor de la creación de empleo decente se apoya en el compromiso activo de 3.184 voluntarios y 984 contratados.
Para Lorenzo, emplear dinero en economía solidaria no es gasto, “sino inversión”. “Cada recurso invertido supone un beneficio en el medio-largo plazo: un beneficio social en términos de autoestima, reconocimiento de dignidad y acceso a derechos de las personas que acompañamos; y un beneficio económico, ya que si los más de 31 millones de euros han servido para que 15.368 personas encuentren empleo, eso nos da una media de inversión de 2.000 euros por persona”, ha explicado.
Además de reclamar la implicación de las Administraciones públicas como “garantes de derechos y para que inviertan en iniciativas que en el medio plazo les supondrá un ahorro”, Lorenzo ha apelado a las entidades privadas a “dar oportunidades dignas a las personas a las que atendemos y a reforzar un apoyo que nos permitan seguir manteniendo iniciativas que funcionan”.
