La tarde del lunes, 7 de septiembre, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), mejor conocida como la policía política del régimen de Nicolás Maduro, detuvo de manera arbitraria, en Caracas, a ocho trabajadores humanitarios de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a atender personas con VIH.
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La Conferencia de Obispos de Venezuela ha rechazado esta acción calificándola como atentado contra “la libertad operativa de los actores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecución y amedrentamiento”. Así lo han suscrito en un comunicado el cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de Caracas, y Roberto Lückert, presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y paz.
No criminalizar el trabajo humanitario
Además los prelados han denunciado que la FAES irrumpió de “manera poco transparente” al allanar la sede de esta ONG que se dedica “al suministro de medicamentos e insumos a las personas afectadas por la crisis de salud en Venezuela”.
Al respecto han pedido al Estado “preservar la vida e integridad física de los miembros de la comunidad humanitaria en todo el territorio nacional” y “no criminalizar las actividades apegadas a los principios humanitarios y al derecho humanitario internacional” como también no “afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros esenciales servicios para la vida de los más de 7 millones de personas vulnerables en el país”.
De igual modo han exigido “el esclarecimiento total de esta situación que afecta a Acción Solidaria, y que preocupa a todos los defensores de derechos humanos del país”, mientras tanto han pedido reconocer “la labor de todos los ciudadanos que trabajan hoy ofreciendo ayuda humanitaria, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas en dificultades”.
Foto: El Nacional
