En la Ley de Protección de la Infancia que hoy ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, la Universidad Pontificia Comillas, junto a Save the Children, ha tenido un papel clave a la hora de ofrecer un conjunto de propuestas que se concretaron en el texto legal que ya fue ratificado por primera vez hace año y medio.
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Myriam Cabrera, docente de Comillas, es una de las personas que mejor conocen este largo y complejo camino. De ahí su satisfacción: “Valoramos positivamente que se haya aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque susceptible de mejora, ha de valorarse el contenido de la ley, fundamentalmente por cuanto supone de abordaje integral de un problema de tanta gravedad, tan extendido y a la vez tan poliédrico, con diversas manifestaciones, con diferente etiología, con implicaciones personales, familiares y sociales”.
Medidas ambiciosas
“Es importante –indica– que las respuestas que se den tengan en cuenta esta complejidad y sean ambiciosas, porque el objetivo tiene que ser la erradicación de la violencia sobre los niños en todos los ámbitos sociales. Es fundamental que el anteproyecto se centre en la concienciación, la prevención, la detección y la protección, así como que tenga particularmente en cuenta la importancia de la implicación y cooperación de todos los ámbitos: sector público y privado; ámbito educativo, sanitario, ocio y deportes; judicial; instituciones de protección y de reforma”.
Sobre si ven plasmadas sus principales propuestas, es clara: “Aunque ha ido incluyendo otras aportaciones y seguro que se verá enriquecida con la tramitación parlamentaria, ha mantenido el carácter integral con el que fue concebida desde el inicio y ese énfasis especial en la prevención”.
Se amplía la prescripción
Ante la grave situación de la que venimos (algunos estudios apuntan que un 20% de los ciudadanos podrían haber sufrido abusos en su infancia), ¿qué podemos esperar de cambie de raíz con esta nueva ley? “De raíz, va a suponer introducir en el debate social el problema de la violencia sobre los niños. También va a implicar relevantes cambios en las instituciones, como, por ejemplo, la creación en los centros educativos de la figura del coordinador de bienestar y protección. En el ámbito penal va a suponer la ampliación de los plazos de prescripción de determinados delitos, como los sexuales, la protección de los niños frente a la revictimización en el proceso”.
“Si bien –reitera Cabrera– los cambios profundos irán produciéndose paulatinamente, a medida que toda la sociedad vaya asumiendo su compromiso con el respeto de los derechos de todas las personas, en particular de los niños, y con la promoción de la cultura del buen trato y el cuidado, las medidas que establece la Ley van a suponer un gran impulso para ese cambio social”.
Compromiso eclesial
Respecto al papel de la Iglesia en este caminar, reivindica que esta “está haciendo un reconocido esfuerzo por crear entornos seguros para los niños y por establecer mecanismos de prevención, detección y respuesta ante conductas abusivas que se produzcan o detecten en el ámbito de sus instituciones. En ese camino, la aprobación de la ley puede ser un aliciente adicional para seguir adelante y ser aún más ambiciosos en este empeño”.
“Precisamente –concluye–, desde la Universidad Pontificia Comillas se ha puesto en marcha el Proyecto HOLISTIC, de acompañamiento y formación a entidades para el cuidado holístico de la infancia. Con este proyecto se trata de dar respuesta a las necesidades de las entidades que trabajan con niños, con vistas a la creación de entornos de buen trato, de salvaguarda y de cuidado”.
