Juan Pablo Medina, un joven colombiano de 25 años, venía desde hace semanas entablando una batalla legal contra su expareja para evitar que abortara, pero perdió luego de que Profamilia –prestador privado de salud en Colombia– desacatara la denuncia alegando que la mujer, con 7 meses de gestación, cumplía con las causales legales y, por ende, interrumpir el embarazo.
La Conferencia Episcopal de Colombia ha rechazado enérgicamente este hecho, pues el pequeño sin nacer llevaba por nombre Juan Sebastián y “gozaba de perfecta salud”, tal como lo había informado su joven padre. Además de representar una flagrante violación al derecho de la vida.
Una herida a la sociedad
En este sentido los obispos han elevado sus oraciones por la familia “además del dolor de saber que Juan Sebastián ya había superado los 7 meses de gestación”, pero también “hemos visto perplejos como las instituciones de este país no garantizaron los derechos del padre que con persistencia y tenacidad luchó por la vida de su hijo”.
Los prelados una vez más han recordado que la vida es sagrada, por tanto “el aborto es una injusticia que clama al cielo y una gravísima herida a la sociedad, que no es posible construir la paz implantando esta pena de muerte contra los más pequeños e indefensos”.
En espera del cuerpo
El caso ha generado una nueva polémica en el país, pues precisamente la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional establece que un aborto solo puede ser practicado cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave malformación del feto o cuando la gestación sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación).
Mientras tanto Medina seguirá insistiendo por los canales regulares hasta no hacer justicia, además le ha exigido a Profamilia, que le entregue el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura.
Foto: La Razón
