El lendakari, Íñigo Urkullu, ya está en Roma a la cabeza de una delegación del Gobierno vasco para presentar la propuesta ‘Share’, una iniciativa de la que forman parte diversos territorios subestatales europeos para acoger a los refugiados y a los migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. Urkullu está acompañado por la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, y por el secretario general para los Derechos Humanos, la Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.
El ‘plato fuerte’ de la estancia del lendakari es el saludo que mantendrá mañana miércoles con el papa Francisco durante la audiencia general. A continuación tendrá una entrevista privada con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Ambos ya se reunieron en enero de 2017 en el Palacio Apostólico del Vaticano para que el mandatario vasco le detallara el Plan de Convivencia y Derechos Humanos de su Gobierno, en particular las iniciativas para lograr el desarme de ETA y su postura respecto al acercamiento de los presos terroristas.
También a la Orden de Malta
El encuentro de 2017 levantó ampollas en la Iglesia local, que no estaba informada por el Gobierno vasco de que se había solicitado una audiencia con el primer colaborador del papa Francisco. El enfado provocó que Urkullu recibiera en los días posteriores a los tres obispos vascos para limar asperezas y explicarles cómo se habían desarrollado las conversaciones. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite) también protestó por la entrevista entre Urkullu y Parolin al considerar que contribuía a propagar “la teoría del conflicto, esa que sostiene que ETA y el Estado fueron dos agentes que ejercieron la violencia ilegítima de forma sistemática”.
A diferencia de lo ocurrido hace dos años y medio, en esta ocasión los prelados vascos sí que conocían de antemano los planes del lendakari, que presentará también el proyecto de acogida a extranjeros más vulnerables este martes a un responsable de la Orden de Malta. Según el Gobierno vasco, la iniciativa ‘Share’ propone una distribución de la responsabilidad de acoger a los refugiados e inmigrantes de acuerdo a tres parámetros: los ingresos fiscales (o la renta media disponible, o el PIB), con un peso del 50%; la población, con una incidencia del 30%; y el índice de desempleo, con un 20%. A esta iniciativa de Euskadi se han sumado ya los Gobiernos de Canarias, Navarra, Cataluña, Melilla, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Francia), Nouvelle Aquitaine (Francia) y Ática (Grecia).
