El Servicio Jesuita para Refugiados de Colombia ha manifestado su preocupación por la problemática del desplazamiento forzado en el país.
Ayer dio a conocer un documento a través del cual describe de qué forma nuevas conflictividades, asociadas en su mayoría a economías ilegales, agudizan la situación de vulnerabilidad de diversos sectores sociales, mientras se busca poner fin a un conflicto histórico.
La institución le pide al gobierno nacional garantizar el desmantelamiento del paramilitarismo, generar condiciones para la no repetición de hechos victimizantes y reparar adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado.
Según ella, la baja capacidad estatal para responder efectivamente a las víctimas del conflicto armado reconfigura las causas directas y estructurales de los desplazamientos forzados en el país. A lo anterior se agrega el afianzamiento de megaproyectos de desarrollo y economías extractivistas, así como las acciones del ELN y la reorganización y consolidación de los grupos paramilitares posdesmovilización.
Particularmente, la entidad solicita al Gobierno replantear la Ley 1448 del 2011, establecer medidas de protección y prevención para las comunidades que siguen en riesgo, fortalecer la institucionalidad pública, avanzar en soluciones duraderas para la reconstrucción de proyectos de vida y crear una política amplia para las víctimas en el exterior.
La organización subraya que en el primer lugar se debe poner a la persona, que se debe reconocer su dignidad y atender sus necesidades en cumplimiento con los derechos humanos. En ello concentra su labor, al tiempo que reafirma su compromiso con la construcción de paz.
