La participación política como vocación y servicio
La Iglesia católica nos recuerda a los laicos que estamos llamados a comprometernos y a participar activamente en la vida pública. No se trata de una tarea secundaria ni ajena a la fe, sino de una forma concreta de vivir nuestra responsabilidad con la sociedad y con las personas que la integran.
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Ya Emmanuel Mounier, filósofo y una de las figuras centrales del personalismo comunitario, defendió una concepción de la persona inseparable de su responsabilidad hacia los demás y la comunidad. Desde esta perspectiva, la política puede entenderse como una vocación de servicio y como una vía para trabajar por una sociedad más justa.
La doctrina social de la Iglesia nos ofrece numerosas referencias a este compromiso de los laicos. El Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral ‘Gaudium et spes’ (‘Alegría y esperanza’), le dedica un apartado a la comunidad política y recuerda la importancia de la participación de los ciudadanos en la vida pública. También Juan XXIII y Pablo VI nos animaron a los creyentes, en sus escritos e intervenciones, a comprometernos con el mundo y a contribuir activamente a su transformación.
Juan Pablo II insistió de manera explícita en la responsabilidad que tenemos los fieles laicos en la vida social y política en la exhortación apostólica ‘Christifideles laici’ (‘Los fieles cristianos laicos’, 1988), donde afirma el derecho y el deber de participar en la política. En la encíclica ‘Fides et ratio’ (‘Fe y razón’, 1998), abordó principalmente la relación entre la fe y la razón. Aunque ambos documentos tienen enfoques distintos, pueden leerse en el marco más amplio de una vida cristiana llamada a buscar la verdad, respetar la libertad y promover la dignidad de cada persona y el bien común.
Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicó en 2002 la ‘Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política’. El documento se dirige especialmente a los políticos católicos y a los fieles laicos llamados a participar en la vida pública y política, y subraya la necesidad de hacerlo con coherencia moral y al servicio del bien común.
Durante la transición y los primeros años de la democracia española, la Conferencia Episcopal Española también reflexionó sobre la presencia de los cristianos en la sociedad. Entre los documentos de referencia figuran ‘Testigos del Dios vivo’ (1985) y ‘Los católicos en la vida pública’ (1986) o ‘Constructores de la paz’ (1986), una instrucción pastoral publicada el 20 de febrero de 1986 por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
El Congreso de los Diputados. Foto: EFE
La coherencia entre la fe y la vida pública
Uno de los grandes dilemas de los católicos aparece cuando las propuestas o decisiones de un partido entran en conflicto con nuestras convicciones. Pensar que una cosa es la fe que profesamos y otra, las decisiones que una organización política puede pedirnos que apoyemos. Quien desea vivir de acuerdo con el Evangelio debe buscar siempre el bien común y la defensa de las personas más vulnerables, sin someter su conciencia a una disciplina de partido contraria a sus principios morales.
A veces se nos afirma que la fe debe permanecer en el ámbito privado y no tener presencia en nuestra actividad política. Esta separación puede conducir a una especie de fractura interior: por un lado, la persona creyente; por otro, la persona que participa en la vida pública. Pero nuestra fe no puede quedar reducida a una dimensión aislada de nuestra existencia.
Ser creyente no nos puede alejar de la vida pública; al contrario, debe impulsarnos a implicarnos en ella. En este contexto, nos suelen presentar el argumento de la aconfesionalidad del Estado y de las instituciones públicas. Sin cuestionar ese principio, es importante defender una participación pública en la que las personas puedan aportar, en condiciones de igualdad y respeto, los valores que nacen de sus convicciones, sean religiosas o no.
Por supuesto no me refiero a imponer una confesión particular ni a confundir las instituciones religiosas con el Estado. La aconfesionalidad del Estado español, reconocida en el artículo 16.3 de la Constitución, es compatible con la libertad de las personas para expresar sus convicciones y participar en el debate público en condiciones de igualdad. La vida pública debe estar abierta al diálogo entre distintas tradiciones religiosas y convicciones no religiosas. Todas pueden aportar razones y valores al debate común, siempre desde el respeto a los derechos fundamentales y al pluralismo democrático.
Si como creyente tuviéramos que ocultar aquello que consideramos esencial en nuestra vida, la fe, una parte fundamental de nuestra persona quedaría relegada. No se puede ni se debe vivir algo tan importante como la fe como si fuera ajena a las decisiones públicas que adoptemos. Estamos llamado a actuar con coherencia y, por eso, los laicos cristianos necesitamos espacios de discernimiento a la luz del Evangelio antes de adoptar posiciones o tomar decisiones en la vida política.
Construir hoy el Reino de Dios
Como creyente y como persona comprometida con la vida pública, sabemos que el Reino de Dios comienza a construirse aquí y ahora. Cuando rezamos el padrenuestro y decimos “venga a nosotros tu Reino”, no podemos limitarnos a esperar pasivamente su llegada. Esa oración nos compromete a colaborar en su construcción, como discípulos de Jesús.
Dios ha compartido con nosotros la creación y nos ha hecho corresponsables de ella. Esta responsabilidad conlleva una tarea ineludible: contribuir, allí donde estemos, a que el Reino se haga presente mediante la justicia, la paz, la fraternidad y el cuidado de quienes más sufren.
En esta tarea resuenan dos palabras fundamentales: utopía y esperanza.
Tomás Moro popularizó el término utopía con la obra publicada en latín en 1516. El nombre suele explicarse a partir del griego οὐ (ou ‘no’) y τόπος (topos ‘lugar’), aunque también juega con la idea de eutopía (‘buen lugar’). La utopía puede designar una sociedad ideal que aún no existe; por eso, que una meta parezca inalcanzable no significa que debamos renunciar a trabajar por ella. En esta reflexión, la utopía no equivale a identificar un proyecto político concreto con el Reino de Dios, sino a mantener viva la aspiración a una sociedad más justa, inspirada por el Evangelio.
La segunda palabra es esperanza. El papa Francisco convocó para 2025 el Jubileo de la Esperanza. Para los cristianos, la esperanza no consiste en un optimismo vacío, es confiar en Dios y trabajar por un mundo más justo, en el que el espíritu de las Bienaventuranzas se haga presente y el mensaje de Jesús de Nazaret se haga presente en una vida más digna para todos.
Una política que pone en el centro a los últimos
La fe debe impulsarnos a participar en la política desde la fuerza del amor y la esperanza. Una política verdaderamente humana piensa, antes que nada, en quienes quedan atrás, en quienes apenas tienen voz y en quienes sufren la exclusión. Su sentido más profundo consiste en abrir caminos para que esas personas sean protagonistas de las decisiones políticas y sociales que afectan a sus vidas.
Esta es una política que se ejerce desde la humildad, la pobreza entendida como desprendimiento y el servicio. Un cristiano debe tener claro que a la política se viene a servir, no a ser servido. Es una forma de vivir la kénosis: el vaciamiento de uno mismo, la renuncia a ponerse en el centro para ponerse al servicio de los demás.
Nuestra fe debe hablarnos de una política que sabe permanecer al pie de la Cruz y junto a las cruces de quienes sufren: las personas empobrecidas, encarceladas, abandonadas o excluidas. No basta con aliviar las consecuencias de la injusticia; también es necesario combatir las causas estructurales que la producen. Creer en el Evangelio significa reconocer que todos somos hermanos y que la dignidad de cada persona nos concierne a todos.
Nuestra fe nos debe llevar a participar en una política de presencia, testimonio y encuentro; una política que sepa compartir, escuchar e incluso guardar silencio cuando esto sea necesario. Una política profética, capaz de denunciar la injusticia y de ponerse al lado de quienes la padecen.
Los cristianos debemos implicarnos en una política construida desde el amor, el rigor y el respeto, no desde la descalificación ni desde la lógica del “y tú más”. La acción política no puede medirse únicamente por el número de votos obtenidos. Cuando el resultado importa más que los valores que se defienden, se corre el riesgo de justificar la mentira, perseguir el éxito inmediato y alimentar populismos que vacían de contenido el mensaje.
El compromiso de no permanecer indiferentes
Si los laicos renunciásemos deliberadamente a toda participación en la vida pública, correríamos el riesgo de desentendernos de realidades injustas que podríamos contribuir a transformar en nuevas realidades basadas en el amor. Desde la perspectiva cristiana, esta indiferencia puede plantear una pregunta seria de conciencia, ¿no estaremos con nuestra indiferencia pecando de omisión?
Por eso, como creyentes y discípulos de Jesús, estamos llamados a participar en la vida pública: en los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones vecinales, las asociaciones de madres y padres y en todos aquellos espacios donde sea posible trabajar por una sociedad más justa y fraterna.
Cada vez que rezamos el padrenuestro y pedimos “venga a nosotros tu Reino”, renovamos una llamada a esa acción de corresponsabilidad en la construcción de ese Reino.
Estamos invitados a convertir esta oración en compromiso, servicio y esperanza. La construcción del Reino comienza en nuestras decisiones cotidianas y continúa allí donde ponemos nuestras capacidades al servicio de los demás.
