Se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre la problemática de la vivienda. Parece que es un tema del que ya se ha dicho todo y que, por tanto, ya no es necesario seguir hablando de él; que ya no es noticia. Pero lo que hoy queremos plantear es lo que esta realidad comporta para muchas personas, cada una desde su situación concreta.
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Somos conscientes de que el mercado de la vivienda ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. Las razones pueden ser diversas. Muchas personas creyeron que comprar pisos era una manera de ahorrar. Otras descubrieron que la especulación con la vivienda podía hacerles ricos. El fenómeno turístico tampoco ha ayudado y han proliferado los llamados ‘fondos buitre’, un término que resulta, tristemente, injusto para esta gran ave que contribuye a limpiar nuestros campos.
Por otro lado, los gobiernos no han sabido anticiparse a una realidad que todos veníamos constatando, o bien no han considerado prioritario abordar un problema fundamental: la vivienda es un derecho ineludible y primordial que actualmente no está garantizado. Se ha invertido muy poco en vivienda social. Y eso se refleja en los datos: en España, la vivienda social representa un 3,4%, frente al 9% de media en el resto de Europa.
¿Y qué ha comportado todo esto?
Una sociedad fracturada, donde el derecho de unos pocos choca con el derecho de muchos. ¿Qué derecho es el más importante? ¿Cómo podemos conciliar la libertad de unos para vender al precio que el mercado permite con el derecho de las personas a disponer de una vivienda digna donde vivir?
Aquí es donde entran en juego los valores y la ética, así como nuestra lucha por la dignificación de la vida de los trabajadores, y de todas las personas.
El papa León XIV nos exhortó este febrero a que la dura realidad de la falta de vivienda digna nos hiciera reflexionar sobre la necesidad de que compartir sea una actitud constante. No todo debe estar orientado al beneficio económico. Hay que trabajar por el bien común.
Debemos plantearnos, de manera urgente, qué tipo de sociedad queremos construir.
La especulación, la ambición y la avaricia están presentes en todos los poros de la sociedad de consumo que nos envuelve y de la que todos estamos influenciados. Hace poco estuve hablando con una amiga que quería vender su piso. Ella quería hacerlo de manera justa, sin aprovecharse de la situación. Sin embargo, la agencia inmobiliaria la presionó de tal manera —ya que no quería que en la zona bajara el precio de las viviendas— que finalmente cedió. Se sintió desbordada. Quería vender éticamente, pero no encontró el apoyo de nadie que la ayudara a discernir cuál debía ser su respuesta.
Protesta convocada por el Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol. Foto: EFE
Esta realidad ha llegado a nuestros barrios y a nuestras ciudades. En nuestros barrios vive gente trabajadora, personas que, de repente, han visto cómo sus alquileres subían de forma desorbitada. Sus caseros no realizaban las obras necesarias en sus pisos con la intención de que, por aburrimiento o necesidad, terminaran marchándose. Entonces sí se rehabilitaban las viviendas para alquilarlas por el doble de precio o se convertían en pisos turísticos, lo que supone una ganancia extraordinaria.
Todo ello provoca que haya cada vez menos viviendas disponibles para el alquiler residencial, mientras aumenta el número de personas que buscan piso. De esta manera, el propietario puede pedir un precio mucho más elevado. En tres años, la oferta de pisos destinados a vivienda habitual ha descendido un 60%, porque los pisos turísticos generan mayores beneficios.
Actualmente, muchas de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, porque los salarios no son suficientemente dignos como para poder vivir sin la preocupación constante de llegar a fin de mes. Toda persona que dedica más del 30% de su salario a pagar su vivienda está en riesgo de convertirse en un trabajador pobre.
Tenemos un ejemplo en el barrio de Lavapiés, de origen obrero, rentas bajas y carácter multicultural, ya que en él conviven personas de 80 nacionalidades. Este barrio ha sufrido una fuerte presión inmobiliaria, un proceso de gentrificación —el encarecimiento acelerado de la vivienda— y de turistificación, que lo ha llevado a vivir dos realidades opuestas.
Por un lado, personas de clase trabajadora, migrantes y colectivos vulnerables que se enfrentan a situaciones de precariedad. Por otro, precios de la vivienda prohibitivos para la clase trabajadora, alquileres elevadísimos debido a la proliferación de pisos turísticos y la sustitución de los comercios tradicionales por otros destinados principalmente a dar servicio a los turistas.
Se pueden encontrar viviendas en condiciones increíbles, como pagar 750 euros al mes por 15m² en un sótano o 900 euros por un apartamento de 22m².
Esta manera de ganar dinero, sin producir nada y generando precios desorbitados, desdibuja nuestras ciudades y nuestros barrios, expulsa a nuestros vecinos y vecinas y hace que nuestras calles se llenen de personas que solo permanecen unos días y que difícilmente podrán llegar a amar nuestros pueblos y barrios como quienes forman parte de ellos.
Un joven pasea ante un comercio de compraventa de viviendas. Foto: EFE
¿Dónde está el pecado en toda esta situación?
Está en las escuelas, donde hay niños y niñas que no rinden académicamente porque sus condiciones de vida en el hogar son totalmente precarias y porque cambian de domicilio con mucha frecuencia.
Está en las personas mayores a las que quieren echar de sus casas porque pagan un alquiler bajo y que viven con angustia sus últimos años de vida, sin poder disfrutar de una vejez tranquila porque no saben dónde podrán ir si finalmente consiguen desahuciarlas.
Está en muchos jóvenes que no pueden plantearse su proyecto de vida porque carecen de estabilidad y que terminan desmotivados al enfrentarse a las duras condiciones económicas que se les exigen para poder emanciparse, mientras sus salarios no son dignos o lo son pero crecen por debajo de lo que crece el precio de las viviendas.
Está también en los trabajadores de las zonas muy turísticas, muchos de ellos altamente cualificados, que tienen que vivir en bungalows o campings o a decenas de kilómetros porque los alquileres les exigen más del doble de lo que cobran y acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, resulta inviable.
Como Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), somos conscientes de que tenemos un gran reto por delante. Debemos concienciar a nuestro entorno y a los militantes de nuestros movimientos sobre esta problemática, y muchos de nuestros seminarios están dirigidos a ello.
Pero, sobre todo, debemos hacer llegar a las administraciones que la solución no llegará por sí sola. Es necesario regular el mercado y conseguir que la vivienda no sea un bien destinado a la especulación.
No podemos permitir que el derecho de unos pocos se convierta en la desolación de muchos.
La vivienda debe ser un bien común, fruto de un pacto social, que dignifique nuestras vidas, que nos proporcione cobijo y protección y que nos permita vivir con estabilidad.
Si el ser humano no tiene un hogar digno, difícilmente podrá desarrollarse en plenitud. Por eso debemos seguir luchando. Por la vivienda digna. Por la dignidad de las personas. Por el bien común. Y, también, por el trabajo decente.
