Donald Trump ha incorporado a su Administración a un teólogo católico que lleva años defendiendo, también desde argumentos doctrinales, algunas de las políticas migratorias más duras de Estados Unidos. Chad Pecknold, profesor de Teología en la Catholic University of America desde 2008, se ha incorporado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como director principal de vinculación con el público de su Oficina de Participación Pública.
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Del DHS dependen, entre otros organismos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de buena parte de las detenciones y deportaciones de migrantes, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Pecknold ha confirmado su incorporación asegurando estar “entusiasmado” con la nueva etapa. “Es verdaderamente un honor servir a mi país en esta función”, ha señalado.
La universidad, por su parte, lo mantiene actualmente “de licencia para ejercer un cargo público”. Según su perfil profesional, comenzó a trabajar en el DHS en agosto y su nueva responsabilidad está relacionada con la “vinculación cultural”.
En pleno choque con los obispos
El fichaje llega en un momento especialmente delicado en la relación entre la Administración Trump y la Iglesia católica estadounidense por la política migratoria. La Casa Blanca ha convertido la reducción de la inmigración irregular en uno de sus grandes ejes políticos, con una campaña de deportaciones masivas, un mayor control de la frontera y un endurecimiento de los procesos de inmigración legal y asilo.
Frente a ello, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos dio en noviembre de 2025 un paso poco habitual al publicar una declaración conjunta contra “la deportación masiva e indiscriminada de personas” y pedir el fin de “la retórica deshumanizante y la violencia”, tanto contra los migrantes como contra los agentes de las fuerzas de seguridad.
León XIV intervino poco después en el debate, reclamando que, incluso en el cumplimiento de la ley, se busquen formas de “tratar a las personas humanamente, de tratarlas con la dignidad que tienen”. Sin embargo, el nuevo alto cargo del DHS sostiene que la protección de las fronteras no solo es compatible con la doctrina católica, sino que forma parte de las obligaciones de un Estado respecto al bien común.
Chad Pecknold. Foto: Catholic University of America
En 2023 afirmaba que el Catecismo “enseña que las naciones tienen derecho a tener fronteras y a autodefinirse” y rechazaba que de la enseñanza de la Iglesia pueda desprenderse el ideal político de unas “fronteras abiertas”. Pecknold reconoce un “deber de cuidado” hacia quienes huyen del peligro, pero introduce inmediatamente un límite.
“La ciudadanía no se le debe a nadie que pueda cruzar una frontera nacional, y la entrada ilegal o el asilo no pueden tomarse como una deuda de ciudadanía”, sostuvo entonces. Además, en febrero de este año respaldó una declaración de un centro de estudios cristiano húngaro según la cual “las deportaciones masivas pueden ser una respuesta legítima a la migración masiva”.
Santo Tomás para justificar restricciones migratorias
En 2024, durante la polémica provocada por una ley de Texas que permitía a las autoridades locales realizar detenciones por motivos migratorios, recurrió a Santo Tomás de Aquino para distinguir entre el deber de hospitalidad hacia el extranjero y el derecho a establecerse permanentemente en un país.
“El hecho de que todo ser humano tenga dignidad no se impone de manera inmediata y evidente sobre la soberanía de las naciones”, afirmó. Y añadió: “Los estadistas tienen el deber sagrado de salvaguardar el bien común político de su país, y esto a veces implicará restringir quién puede entrar y permanecer legalmente en sus países”.
También contra los obispos
En un ensayo publicado recientemente, Pecknold ha cuestionado la intervención de los obispos ante el Tribunal Supremo para defender la ciudadanía por nacimiento de los hijos de migrantes indocumentados. A su juicio, sostener que todo niño posee un “derecho natural” a la ciudadanía supone incurrir en una “falacia lógica”.
Pecknold acusa a los obispos de confundir “los derechos convencionales —la manera en que una nación determina quién reúne o no los requisitos para obtener la ciudadanía— con los derechos naturales, que provienen de Dios y son inherentes a los seres humanos como tales”.
