La Iglesia argentina, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), manifestó públicamente su alarma ante las reformas legislativas en debate dentro del Congreso Nacional.
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Las instituciones advirtieron que las nuevas normativas vulneran de forma directa el derecho constitucional a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, afectando también las tierras de familias criollas y asentamientos urbanos.
Los organismos repudiaron los crecientes hostigamientos, descalificaciones y señalamientos públicos dirigidos hacia defensores de los derechos humanos y ambientales. Específicamente, desmintieron de forma categórica las acusaciones penales que pretenden vincular a los miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) con supuestos hechos delictivos por realizar su tarea de acompañamiento a la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II.
Acompañamiento como misión pastoral
El documento enfatiza que la presencia en los territorios no responde a iniciativas personales ni clandestinas, sino a una misión institucional sostenida colectivamente por la Iglesia durante décadas junto a los pueblos originarios.
“Líderes indígenas y acompañantes pastorales forman parte de una misma trama de defensa de derechos humanos. Los primeros son protagonistas de la defensa de sus propios derechos colectivos; quienes acompañamos tenemos la responsabilidad de que sus derechos sean reconocidos y respetados” sostuvieron las instituciones.
En este sentido, aclararon que la escucha, la defensa de la dignidad y la promoción del diálogo son expresiones del compromiso cristiano que jamás deberían derivar en una persecución o criminalización penal.
La Iglesia acompaña la lucha de los pueblos originarios para mantener sus derechos constitucionales a la propiedad comunitaria. Foto: ENDEPA
Problemática creciente
La Iglesia advirtió que el caso de Puente Quemado II no constituye un hecho aislado, sino que refleja un alarmante contexto de avasallamiento y retroceso de derechos impulsado por los estados nacional, provinciales y el Poder Judicial. Como prueba de esta problemática creciente, denunciaron los violentos desalojos ejecutados recientemente contra la Comunidad de las Pailas y Ruta 86 en Salta, la Comunidad Santa Rosa en Jujuy, y las Comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo en Neuquén.
El pronunciamiento recuerda la plena vigencia del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, en el que se reconoce explícitamente la preexistencia étnica de los pueblos indígenas y sus derechos sobre sus tierras tradicionales. Asimismo, remarcaron el carácter de ley nacional del Convenio 169 de la OIT y la obligatoriedad del Acuerdo de Escazú, instrumentos jurídicos que exigen al Estado demarcar los territorios y proteger eficazmente a los defensores ambientales de cualquier tipo de amenaza.
Compromiso con la Casa Común
Ante la gravedad de la situación, se solicitó formalmente al gobierno provincial que implemente medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad física de los líderes comunitarios y de los equipos pastorales.
La Iglesia remarcó que las respuestas judiciales represivas invisibilizan la historia y la identidad de los pueblos, por lo que instó a frenar la criminalización y a generar canales institucionales basados en el diálogo objetivo y la justicia.
Finalmente, la Iglesia argentina reafirmó que no permanecerá indiferente frente a los despojos y las exclusiones que históricamente sufren estas comunidades en el país.
El comunicado concluye ratificando, de manera unánime, que la protección de quienes defienden la vida, los territorios originarios y la Casa Común es una responsabilidad inalienable derivada de su propia fe y misión evangélica.
